La guerra judicial por los cines de Calafell puede costar 10 millones al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Calafell ha aprobado con los votos del equipo de gobierno (PSC-Junts), la abstención del PP y la negativa de ERC, Vox y UAM, la modificación del Plan de Ordenación Urbana en la parcela de los multicines para que sólo pueda acoger una actividad privada de ocio, cultural o dotacional.

Esa modificación motiva que el propietario de los multicines active una reclamación patrimonial de 10 millones euros al considerar que se le perjudica ya que tenía un acuerdo con la cadena comercial Lidl para cambiar el uso de la nave.

De hecho la calificación de la parcela hasta hace un año contemplaba la posibilidad de uso comercial, pero el Ayuntamiento inició los tramites para el cambio de uso eliminado el de comercial y que ahora ha quedado aprobada definitivamente por parte del Consistorio.

'Grave injerencia'

Queda la ratificación por parte de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat, pero no no debe haber problemas ya que la modificación municipal ha incorporado las sugerencias de la Agència Catala de l’Aigua, del Ministerio de Transporte y de Adif.

El propietario de los multicines califica de muy grave esa injerencia del Ayuntamiento en una actividad privada. «Si el Ayuntamiento quiere mantener los cines, que los compre y los lleve él si lo considera».

'Un error'

El alcalde Ramon Ferré, argumenta que aquella calificación de comercial para esa parcela fue un error que ahora pretende subsanarse. Explica que la autorización de la superficie comercial de la zona de Mas Mel estaba condicionada a que hubiese un multicines.

«El Ayuntamiento no obliga, permite. Y en esta parcela, es de una actividad dotacional privada. El día que el dueño quiera cerrar los cines, que los cierre». Pero en esa parcela hay autorizados unos usos, señala. «El urbanismo regula lo que se puede y no se puede hacer».

Sin embargo la propiedad de la nave de los cines defiende que tenía catalogación de comercial hasta el cambio de criterio del Ayuntamiento. Por mucho que ahora se argumente como un error previo, por lo que prosigue con la reclamación patrimonial.

Grupos en la oposición como el Vox, señala que los cines «es una actividad privada en una propiedad privada y el Ayuntameinto no puede obligar a seguir ejerciendo una actividad privada. Y menos modificando el Plan General».

Tibor Rius, de Vox, alertó «del riego de tomar esas decisiones» que pueden comportar un daño patrimonial para el Ayuntamiento. 

El seguro

En este sentido el concejal de UAM, Francisco José Chanza, cuestionó que el seguro contratado por el Ayuntamiento pueda cubrir esa reclamación en caso de ser sentenciada en los tribunales si la compañía considera que se ha actuado con negligencia.

El objetivo es mantener los cines ya que se considera que es una actividad turística y de interés general. Pero la oposición considera que se exige a riesgo de un privado al que se le bloquea la posibilidad de otra actividad privada», como señala el concejal de ERC, Oscar Albaiceta.

En todo caso todo apunta al inicio de casi una saga de cine de la que este jueves ha comenzado el primer capítulo ya que la propiedad de los cines anuncia el recurso en los tribunales.

Cambio de habitos

Montserrat señala que el cine ya no es un negocio que genere una rentabilidad sostenible en un momento que han perdido espectadores y la situación va a a gravarse por el cambio de dinámica de consumo de películas.

Para la oposición el debate no es tanto cines sí o cines no, sino la injerencia de lo público en los derechos que tenía un privado al que le impide desarrollar la actividad que defendía que tenía derecho.