La situación de la Cooperativa Agrícola de Cambrils todavía es incierta. Y las acusaciones a sus máximos responsables por mala gestión durante años son cada vez más intensas entre los cambrilenses. Sin ir más lejos, la noche después del cierre por sorpresa de las oficinas de la Caixa Agrària, alguien entró en sus instalaciones de la carretera de Montbrió empleando presuntamente el método del butrón y se llevó documentos de los despachos. De momento se desconoce de quién se trata –y si actuó solo o acompañado–, pero fuentes cercanas a la investigación apuntan que se trataría de alguien supuestamente vinculado a la actividad de la entidad agraria, ya que habría evitado incluso las cámaras de seguridad. Todo ello para impedir que dichos documentos fueran encontrados.
Los Mossos d’Esquadra están investigando el caso a raíz de una denuncia que alerta precisamente de este robo. También hay querellas de varios afectados en las que acusan a los dirigentes de la entidad de administración desleal y falsedad documental. Y algunos expertos consultados se muestran convencidos de que esto es sólo el principio.
Precios desorbitados
Varias fuentes apuntan que el origen de la crisis que atraviesa ahora la Cooperativa se remontaría a los años de la burbuja inmobiliaria, en los que, entre otras cuestiones, se realizaron compras de terrenos a precios muy elevados. «Demasiado, incluso desproporcionados», manifiestan.
Mientras, la Plataforma d’Afectats intensifica sus protestas. El viernes dos centenares de personas se dieron cita en la propia Cooperativa para reivindicarse. Y hoy celebrarán otra asamblea para concretar manifestaciones y decidir cuál será su representante legal, además de constituir la nueva junta tras la dimisión del hasta ahora presidente, Francesc Siuraneta. La previsión es que le tome el relevo Dani Pallejà, hasta ahora vicepresidente de la plataforma.
Desde el pasado 22 de diciembre hay 32,5 millones de euros bloqueados de un total de 1.500 clientes. La mayoría son personas mayores. Hasta ahora han llamado a la calma porque querían ayudar a los responsables de la entidad a intentar evitar el concurso de acreedores y recuperar su dinero. Pero los nervios crecen y las soluciones aún no han llegado, por lo que se plantean salir a la calle e incluso cortar carreteras.
En la reunión mantenida el viernes entre la junta y los portavoces de los afectados, se planteó que, hoy por hoy, la entidad sólo podría garantizar la devolución del 30% del dinero de los impositores, de modo que el 70% restante quedaría en una espera. Pero la plataforma ya manifestó su desacuerdo, y lo entiende como un punto de partida.
