La OCDE urge a España a ampliar a 35 años el cálculo de la jubilación para contener las pensiones

La OCDE considera que elevar a 35 años el periodo cotizado que se toma como base para el cálculo de la pensión de jubilación es una de las medidas que España podría implementar para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. En su 'Estudio Económico sobre España' publicado este miércoles, la OCDE señala que la última reforma de pensiones "se acerca a las mejores prácticas de la OCDE", tras incluir un sistema de cálculo dual que empezará a operar de forma gradual en 2026.

El nuevo sistema permitirá poder elegir entre la más beneficiosa de dos posibilidades: los 29 últimos de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores, y el periodo de cómputo actual (25 últimos años). No obstante, la OCDE insiste en la necesidad de reformas adicionales para reducir las presiones de gasto a largo plazo que superarán el 25 % del PIB en 2050, la mayor parte asociado a las pensiones, pero también a la sanidad y a los cuidados de larga duración.

Por ello indice en ampliar el periodo de cálculo hasta los 35 años, una medida que estima que podría tener un impacto a medio plazo sobre el déficit publico de 0,9 puntos porcentuales. También señala otras posibles reformas como incluir un factor de ajuste de la pensión conforme a la esperanza de vida o adoptar incentivos que fomenten carreras laborales más largas.

Considera menos aconsejable adoptar aumentos adicionales de las cotizaciones sociales, porque incrementarían aún más la presión fiscal sobre el trabajo y podrían perjudicar el empleo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que España ya dispone de herramientas para controlar la viabilidad del sistema, dado que por una lado tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad fiscal pactados con Bruselas y por otro se ha dotado de una cláusula de cierre por la que se activa una subida de cotizaciones automática si se calcula que en el futuro no se cumplen las previsiones de ingresos y gastos.

"El informe de la Airef por ahora dice que no hay una desviación, y no recomienda medidas adicionales para garantizar sostenibilidad del sistema y las cuentas públicas", ha defendido el ministro, en referencia al examen que cada tres años tiene que hacer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).