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La reforma de las pensiones que este jueves se aprobó en el Congreso impactará muy significativamente en los cerca de 3,3 millones de autónomos, que tendrán que pagar 2.500 euros más en 2032 para hacer frente a ese fuerte incremento del gasto que asumirá la Seguridad Social para pagar las jubilaciones actuales y las futuras.
Así lo denuncia la asociación de autónomos ATA, que ha puesto números al impacto económico que tendrán las medidas que pone en marcha la reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá tras acceder a esas tablas Excel que ha enviado a los partidos políticos después de que le acusaran de esconder los datos.
El Gobierno estima que en menos de una década, gracias a las nuevas medidas, los ingresos que entran en el sistema se eleven un 1,1% del PIB -según figura en los datos aportados y a los que ha tenido acceso este periódico-, lo que equivaldría a unos 20.000 millones de euros, teniendo en cuenta que las previsiones de la Seguridad Social indican que el PIB ascenderá a 1,8 billones de euros ese año.
Y los autónomos correrán con el 40% de este extra, lo que supone una inyección de 8.000 millones de euros al sistema de pensiones -según cálculos de ATA-. Se logrará a través de dos vías: el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que se aplica ya desde este año y el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) que supone una subida de cuotas para todos los trabajadores -autónomos y asalariados- del 0,6% desde este ejercicio y que se duplicará al 1,2% a partir de 2029.
A más corto plazo, el Ejecutivo prevé recaudar en 2026 1.800 millones más gracias al colectivo de trabajadores por cuenta propia, lo que equivaldría a una subida de cuotas de 600 euros al año por autónomo; en 2029 aportarían 3.600 millones; 5.400 millones más en 2031. según advierte ATA.
«¡Nunca un Gobierno había 'saqueado' a los autónomos de esta forma! Han roto de forma unilateral el acuerdo que alcanzamos en julio de 2022. Lo hicieron con el acuerdo de reforma laboral y ahora lo hacen con la reforma del RETA», denunció el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en su cuenta de Twitter.
Amor se refiere al acuerdo que alcanzó el Gobierno con los sindicatos y las principales asociaciones del colectivo sobre la reforma del sistema de cotización de los autónomos en julio de 2022.
Después de meses de negociación, se pactaron las cuotas que pagarían los trabajadores por cuenta propia para los años 2023, 2024 y 2025 y, de la misma manera, se acordó que las de los siguientes ejercicios se fijarían más adelante, a la espera de analizar cómo había ido este trienio. «Traición» del Gobierno Pero Escrivá no ha esperado y ya en los cálculos enviados a la Comisión Europea sostiene que a partir de 2026 habrá un incremento significativo de la recaudación, lo que significa implícitamente una fuerte subida en sus cuotas. Por eso Amor le acusa de «traicionar» el acuerdo.
El ministro siempre ha defendido que esta reforma del RETA no iba encaminada a conseguir más ingresos y, de hecho, siempre ha hablado de que el impacto era neutro, puesto que las cuotas bajaban para casi la mitad de los autónomos, mientras que se mantienen para un 25% y se elevan para el otro 25%. Y así será hasta 2026.
Pero a partir de entonces esta reforma ya sí será recaudatoria y comenzará a tener efectos positivos en las cuentas de la Seguridad Social, a un ritmo de una décima adicional del PIB en los siguientes tres ejercicios, que irá incrementándose gradualmente hasta situarse en cuatro décimas del PIB ya en 2032, prácticamente lo mismo que se conseguirá con el mecanismo de ajuste que afecta a todos los trabajadores y casi el doble que lo que se recaudará con la subida de las bases máximas y el impuesto de solidaridad.
El ministro reconoce ahora que aún no tiene el aval de Bruselas
Fue el pasado 9 de marzo cuando Escrivá citó de urgencia a sindicatos y patronal tras cerrar -dijo- «prácticamente» un acuerdo con Bruselas sobre la reforma de las pensiones. Entonces todo se precipitó y en menos de una semana logró el respaldo de los sindicatos y su aprobación en el Consejo de Ministros, impulsado por ese visto bueno que se había dado desde Europa. Sin embargo, este jueves el ministro reconoció que aún no tiene ese aval. «La Comisión Europea solo podrá avalar la reforma cuando España solicite el cuarto pago», admitió Escrivá, quien también reconoció que le hubiera gustado más ampliar el periodo de cálculo a 30 años.
