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Tragedia en las vías

El organismo clave que investiga los grandes accidentes de tren en España: así funciona la CIAF

Será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios la que determinará las causas del descarrilamiento del tren de Iryo

El tren Alvia accidentado en Adamuz

El tren Alvia accidentado en Adamuz@OscarBForestal

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En plena atención mediática sobre la seguridad ferroviaria en España, vuelve al foco la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo encargado de analizar técnicamente los accidentes graves en la red ferroviaria con el objetivo de prevenir nuevos siniestros. Creada en diciembre de 2007, la CIAF nació para sustituir a la antigua Dirección General de Ferrocarriles en estas investigaciones y reforzar la seguridad del sistema ferroviario.

La comisión se constituyó como un órgano colegiado especializado, concebido como independiente aunque adscrito orgánicamente al entonces Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la subsecretaría. Desde su creación, la CIAF defiende su independencia funcional tanto de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria como de cualquier regulador del sector.

En su propia documentación oficial, el organismo subraya que ni sus miembros ni su personal pueden solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada, y que actúa con plena autonomía frente a administradores de infraestructuras, empresas ferroviarias u otros actores con intereses en el sistema ferroviario.

¿Cómo se investigan los accidentes?

Cada investigación técnica comienza con la constitución de un equipo independiente, integrado por un investigador encargado y, en su caso, otros investigadores asignados. Una vez finalizado el análisis, el investigador responsable elabora una propuesta de informe técnico que se eleva al pleno de la comisión. Tras su revisión, el pleno aprueba el informe final, en el que se incluyen, si procede, recomendaciones de seguridad para evitar que se repitan sucesos similares.

El informe definitivo debe hacerse público en el plazo más breve posible y, en todo caso, en un máximo de doce meses desde la fecha del accidente, según establecen las normas internas del organismo.

El pleno de la CIAF está compuesto por un presidente —cargo que ocupa actualmente Ignacio Barrón de Angoiti—, cinco vocales, uno de los cuales actúa como vicepresidente, y un secretario que participa en las reuniones con voz pero sin voto. De la Secretaría dependen los equipos de investigación y el personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo de su labor.

Sus últimas investigaciones

La CIAF ha estado al frente de investigaciones de enorme impacto, como el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela en 2013, que causó 79 muertos y más de 150 heridos. La gestión de aquel informe fue duramente cuestionada por la plataforma de víctimas, que llegó a poner en duda la independencia del organismo tanto en España como ante instancias europeas.

En la actualidad, la comisión investiga otros sucesos relevantes, entre ellos el descarrilamiento ocurrido en octubre de 2024 en el túnel de alta velocidad que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín, considerado uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

Según la última memoria de actividad publicada en 2024, la CIAF recibió ese año la notificación de 128 sucesos ferroviarios: un accidente grave, 97 accidentes, 29 incidentes y un caso finalmente descartado. De ellos, el organismo decidió abrir investigación formal sobre cuatro: dos ocurridos en 2024, uno registrado a finales de 2023 y otro sucedido en los últimos días de 2024, cuya investigación se formalizó ya en enero de 2025.

El año 2024 marcó además un punto de inflexión normativo. El Congreso aprobó la ley para la creación de una Autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. El nuevo organismo, de carácter multimodal, asumirá las competencias que hasta ahora ejercían tres comisiones distintas, todas ellas adscritas al Ministerio de Transportes.

El objetivo de esta reforma es reforzar la independencia, la coherencia y la eficacia de las investigaciones técnicas, en un contexto en el que la seguridad del transporte vuelve a situarse en el centro del debate público. 

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