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El rompecabezas de Púnica: doce piezas y solo una condena firme en doce años

El juicio se centra en presuntos contratos irregulares para organizar fiestas locales de municipios madrileños del PP

José Miguel Moreno (d), sucesores de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, este lunes en la Audiencia Nacional.

José Miguel Moreno (d), sucesores de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, este lunes en la Audiencia Nacional.Javier Lizon

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La Audiencia Nacional reanuda este lunes el segundo juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por el caso Púnica, un rompecabezas judicial que estalló hace más de once años y que se dividió en doce piezas, de las que solo una tiene sentencia firme.

Lejos queda la operación de octubre de 2014, que culminó con el arresto de medio centenar de personas, entre ellos Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre en Madrid y dirigente del PP regional, y varios alcaldes de la región por presunta corrupción.

Este segundo juicio se centra en presuntos contratos irregulares para organizar fiestas locales de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013. El exconsejero afronta una petición de seis años de cárcel.

Granados, alcalde de Valdemoro (1999-2003), comparte banquillo con varios exregidores y los exsenadores David Erguido y Esteban Parro, también del PP.

En todo este tiempo, Granados solo ha sido juzgado por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial. Era 2017 y afrontaba su primer juicio, meses después de pasar dos años y medio en la prisión de Estremera, que él mismo inauguró en 2008 cuando era consejero. Fue condenado a dos años de cárcel en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo.

En 2022 y 2025, la Audiencia Nacional juzgó y condenó el despliegue de la trama en León y Murcia. Eran las piezas 2 y 3 y sus sentencias aún están pendientes en el Supremo.

La primera absolvió a los acusados de los delitos que conllevaban penas de cárcel, pero le costó el puesto al expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, condenado a más de ocho años de inhabilitación. La segunda impuso cárcel e inhabilitación, entre otros, al exconsejero de Murcia, Juan Carlos Ruiz, por contratación irregular.

Al filo de la Navidad fueron condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid (cuatro del PP, uno del PSOE y un independiente) por adjudicaciones irregulares de contratos de eficiencia energética a cambio de comisiones entre 2012 y 2014. Es la pieza 6. La principal condena recayó en David Marjaliza, el conseguidor de esta trama, que decidió colaborar con la Justicia y fue sentenciado a más de ocho años de prisión.

Una de las piezas que más protagonismo ganó giraba en torno a irregularidades en la financiación del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011, pendiente aún de fecha. Es la número 9 y en ella estuvieron investigados tres presidentes autonómicos (Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes), que finalmente acabaron fuera de la causa.

Ocho acusados de los 79 investigados que integraron la pieza serán juzgados en fecha por determinar, entre ellos Granados, exsecretario general del PP de Madrid, y el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez, ambos acusados de un delito electoral.

También pendiente de fecha está la pieza 5, centrada en presuntas irregularidades en adjudicaciones de varios ayuntamientos, mientras que la 8, que se refiere a la gestión de Granados como consejero madrileño de Transportes y de Presidencia, Justicia e Interior, que está en espera de que el juez abra juicio oral, según fuentes jurídicas.

Las pieza 10 fue archivada en 2024. Es relativa a la contratación de trabajos de reputación de cargos del PP, donde estuvo investigada la exconsejera madrileña Lucía Fígar y varios exalcaldes.

Otras, sin embargo, continúan en el juzgado. Es el caso de la 4, sobre supuestas irregularidades en operaciones urbanísticas de Valdemoro, cuya instrucción está cerrada, pero pendiente de un informe.

También la 11, relativa a presuntas comisiones en torno a la gestión de varios colegios concertados, en la que la Fiscalía debe informar de si hay indicios para llevar a juicio, o la 12, en la que se investiga un presunto lavado de dinero en el extranjero.

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