La caza de brujas

Un atestado del Área de Delincuencia Económica Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona, fechado el 13 de febrero de 2013 y remitido a la Fiscalía de Reus, informaba sobre la supuesta existencia de indicios delictivos en los expedientes de contratación del ayuntamiento de Vila-seca con el arquitecto Jorge Batesteza para la construcción del Centre de Salut del municipio. La investigación se enmarcaba en la del caso Innova, porque Batesteza también había sido contratado por el Ayuntamiento de Reus y en ambas situaciones la Guardia Civil apreciaba fraccionamiento en contratos menores de un único contrato de asesoramiento global. Basándose en el citado atestado, el juez abrió pieza separada e imputó al alcalde convergente Josep Poblet y a varios concejales y técnicos municipales.

Año y medio después, el levantamiento del secreto de sumario permitió conocer los indicios incriminatorios. Tras leer su contenido, escribí mi opinión al respecto, que se resumía en dos preguntas sobre el presunto fraccionamiento: «¿El ayuntamiento de Vila-seca podía sacar a concurso en 2007 un único contrato para unos servicios profesionales que abarcaban desde la supervisión del anteproyecto a la adquisición del equipamiento, años después? Pongo un ejemplo: ¿Podía el gobierno municipal de Vila-seca contratar en 2007 la supervisión de unas obras que se adjudicaron en 2009, cuando no fue hasta 2008 que la Generalitat decidió que fuese el ayuntamiento quien las licitase y ejecutase? Yo creo que no».

En aquel momento pensé que el sumario sólo se sustentaba por la presencia del arquitecto Batesteza, por entonces en el ojo del huracán por sus otras imputaciones en el caso Innova. Hoy, sin embargo, disponemos de más elementos para valorar un asunto que ha tenido un altísimo coste personal para quienes se han visto bajo sospecha durante nueve años, sometidos a pena de Telediario y a descalificaciones gravísimas de sus rivales políticos. Y todo ello sin fundamento, según acaba de quedar acreditado.

Presidente de la Diputació

Ahora sabemos que en la época en que se fraguó la denuncia ya estaba en marcha la llamada Operación Catalunya, una trama policial impulsada por el Gobierno de Rajoy y su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para frenar el creciente movimiento independentista mediante la fabricación de pruebas, informes y filtraciones que implicasen en tramas de corrupción a los políticos soberanistas y las instituciones que gobernaban. A lo que se suman evidencias groseras de maquinaciones en el mismo sentido de algunos poderes del Estado, como la célebre conversación grabada entre Fernández Díaz y el juez De Alfonso en la que éste se jactaba de que «les hemos destrozado el sistema sanitario» y el ministro decía aquello que «esto la Fiscalía te lo afina».

En tal contexto, es legítimo preguntarse si la causa contra Poblet y su equipo pudo nacer contaminada por estas maniobras, porque el alcalde de Vila-seca era también presidente de la Diputació de Tarragona. Y cabe recordar que en septiembre de 2012 el presidente de la Generalitat Artur Mas y los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas habían firmado el convenio para una futura «Hacienda propia».

En la vertiente política, la CUP y su concejal en Reus, David Vidal, abanderaron el caso, personándose como acusación particular y achacando a Poblet ser uno de los principales responsables de la corrupción en la sanidad pública que venían denunciando.

Una pinza chocante

El sumario empezó a desmoronarse tras ser separado de la macrocausa Innova y asumido por el juzgado de Tarragona, a cuyo partido judicial pertenece Vila-seca. En 2018, la Fiscalía concluyó que no existía delito alguno y solicitó el archivo, basándose en que la contratación de Batesteza había respetado la legalidad, sus honorarios fueron proporcionados y no hubo perjuicio para el ayuntamiento porque el ambulatorio costó menos de lo previsto. Sin embargo, la CUP sí presentó acusación y pidió diez años de prisión para cada procesado. Así las cosas, y tras cuatro años más de espera, la causa llegó a juicio en la Audiencia de Tarragona.

Si ya resultaba chocante que la CUP se hubiese convertido en la única avaladora de las tesis delictivas de la Guardia Civil, el inicio de la vista oral ha deparado un último capítulo esperpéntico.

El lunes, la portavoz de la CUP en Reus, Marta Llorens, manifestó que ya era una victoria que la pieza hubiese llegado a juicio y tildó a Poblet de cacique y mafioso, dijera lo que dijera la justicia.

Tres días después, los cupaires se retiraron del juicio sin presentar ninguna acusación, alegando su disconformidad con algunas cuestiones procesales. Postura que dejaba para el arrastre la credibilidad de sus argumentos o la competencia de sus abogados. O las dos cosas a la vez, porque Poblet y los otros tres encausados fueron absueltos sin que al final nadie les acusara de nada.