Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para liberar a presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes una ley de amnistía general con el objetivo de “reparar las heridas” derivadas de la confrontación política en el país, una medida que beneficiaría a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los distintos gobiernos del chavismo.

El anuncio se realizó durante el acto de apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz que presenten el proyecto “en las próximas horas” ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, y que colaboren para facilitar su aprobación.

Según explicó la dirigente, la ley buscaría “reencauzar la justicia” y fomentar la “convivencia entre los venezolanos”, aunque excluiría a personas procesadas o condenadas por homicidios, tráfico de drogas y violaciones de derechos humanos.

Rodríguez también planteó transformar El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas y señalado por ONG y opositores como un centro de torturas, en un espacio social y deportivo. El lugar ha sido objeto de denuncias por parte de la ONU, que ha documentado casos de torturas y abusos, acusaciones que el Gobierno venezolano rechaza.

Reacciones políticas y presión internacional

La propuesta ha generado reacciones inmediatas. La líder opositora María Corina Machado aseguró que la iniciativa es consecuencia de la presión ejercida por Estados Unidos y expresó su deseo de que se concrete. En declaraciones realizadas en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Machado afirmó que el anuncio “no es voluntario”, sino resultado de la presión internacional, y recordó que en Venezuela hay más de 700 presos políticos, algunos de ellos con más de dos décadas encarcelados.

La dirigente, premio Nobel de la Paz en 2025, cuestionó además la capacidad de Rodríguez para liderar una transición política, al considerar que ha sido “corresponsable” de la situación del país y que no puede generar confianza ni estabilidad.

Por su parte, diputados opositores como Henrique Capriles y Stalin González valoraron la amnistía como un paso importante, aunque reclamaron que marque el fin definitivo de la represión y la persecución política y que garantice la liberación de todos los presos políticos.

Familias esperanzadas y críticas de las ONG

Familiares de detenidos políticos expresaron su esperanza ante la posible aprobación de la ley. Algunos denunciaron detenciones arbitrarias, restricciones a las visitas y situaciones de aislamiento prolongado, y manifestaron su deseo de poder reencontrarse con sus allegados.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Provea mostraron una postura crítica y señalaron que el Estado no debe “perdonar” detenciones arbitrarias, sino que los responsables de graves abusos deben rendir cuentas ante la justicia.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 771 presos políticos, una cifra que vuelve a situar la cuestión penitenciaria y de derechos humanos en el centro del debate político del país.