La niña se preparaba para hacer la primera comunión y le preguntó a su abuela, con la que vivía desde los tres meses: "¿Le tengo que contar al cura lo que pasa con mi padre?". Y la abuela le respondió: "No, porque no es tu pecado. Es el de tu padre". La niña insistió: -Sí, pero yo a veces quiero que pase pronto, porque así me deja tranquila el resto del día.
"Lo dijo como una mujer mayor, que está cansada, pero tenía diez años", recuerda esta abuela, que reside en un pueblo de la costa española. "Nosotros sabíamos lo que pasaba desde que ella tenía tres años, una vez que volvió de visitar a su padre. Pero no hemos podido hacer nada. Ella ya no cuenta nada y nosotros no le preguntamos nada".
Ahora la niña tiene 14 años y ha testificado en tres juicios en busca de protección. Pero los magistrados no le creen. El primer proceso empieza en 2008, cuando el pediatra da un parte de lesiones en la zona vaginal y una institución regional certifica que la menor tiene conocimientos sexuales impropios para su edad, otra característica de los niños que son víctimas de abusos. Se inicia el protocolo.
Al ser interrogada por los tocamientos por parte de su padre, esa niña de tres años responde: "Me come las tetas" y "me toca el chocho", según el parte oficial. Palabras que, sin embargo, no reúnen "criterios de credibilidad para la veracidad del testimonio infantil" y no aportan "requisitos suficientes de una experiencia vivida". El juez instructor archiva la causa y levanta la medida cautelar de suspensión del régimen de visitas paternas. Durante años, la niña presenta reiteradas vaginitis y, a los siete años, un flujo inusual. Otra pediatra, también de la sanidad pública, activa la alerta por segunda vez, cuando la pequeña le cuenta con dibujos lo que sucede con su padre.
Algo parecido sucede con el segundo proceso iniciado con la apelación. "Nosotros le fallamos. Le dijimos que si hablaba en el juicio no volverían a abusar de ella, que la ayudarían", se lamenta la abuela. Desde entonces, la niña elige el estoicismo para soportar su destino.
Hasta que a finales de 2017 descubren que ha sido contagiada del virus de papiloma humano (VPH) y, en la exploración médica, también determinan que sufre malformaciones en la vagina y el ano, típicas de intensa actividad sexual. Tiene 12 años. Se abre un nuevo procedimiento que, por designios burocráticos, toca al mismo juez anterior. Ella declara sin convencimiento. Ha aprendido la lección. El juez da carpetazo por tercera vez. "Ella no quiere que se sepa nada. Le horroriza. Le da vergüenza", ratifica la abuela. "Quiere a su padre, pero le da asco".
La violencia sexual afecta a uno de cada cinco niños, calcula el Consejo de Europa, víctimas de tocamientos, violación, chantaje, acoso, exhibicionismo y explotación en la prostitución y la pornografía. Entre el 70% y el 85% de las víctimas conocen a sus agresores. Pero se silencia. Primero, callan los propios niños, por vergüenza, miedo y culpabilidad. Un tercio nunca lo contará, cifra esta entidad para la protección de los derechos humanos. Aquellos que se deciden encuentran opuestas valoraciones judiciales sobre la fuerza de sus testimonios.
Algunos se desechan, como el de una adolescente que declaró contra su padre por atarla y violarla de manera continuada desde los 14 años. El agresor fue condenado por violencia en el ámbito doméstico pero obtuvo la absolución en el cargo por agresión sexual. "La evolución en la defensa de los derechos de las mujeres no se ha trasladado a los niños", considera Antonio Ferrandis, presidente de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y jefe del área de Adopciones de la Comunidad de Madrid. "Hay muchos pasos que avanzar, como la exploración de la víctima en vídeo".
Invisibles
Las instituciones públicas (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Instituto Nacional de Estadística) no cuantifican los abusos sexuales contra menores perpetrados en el ámbito doméstico. Sin datos específicos, se puede inferir un máximo de sentencias condenatorias por las medidas promulgadas, como la suspensión de la patria potestad (18 resoluciones en 2018), del régimen de visitas (63) y de la guarda y custodia (59). También está el tope estadístico de las víctimas menores de edad: entre 1.600 y 1.900 casos anuales en los últimos cinco años. Si se atienden los cálculos del Consejo de Europa o los realizados en el ámbito académico, la cantidad de casos juzgados ratifica el enmudecimiento social que envuelve los abusos sexuales a niños dentro de los propios hogares.
En España casi una quinta parte de la población infantil ha padecido algún tipo de agresión sexual alguna vez, según dos estudios. Uno, realizado en la Universidad de Barcelona con una muestra de estudiantes universitarios en 2007, asegura que el 19% de las mujeres y el 15,5% de los hombres ha sufrido abusos, la mayoría antes de los 13 años. El porcentaje de mujeres agredidas se eleva hasta el 23% en una investigación anterior de la Universidad de Salamanca, y la mitad de las víctimas (55%) fue agredida más de una vez.
Es un proceso judicial que puede resultar lento y discrecional. Este verano el Supremo dictó la sentencia definitiva para un caso que comenzó en 2012, cuando dos hermanos, ella de siete y él de seis, fueron declarados en "situación de desamparo" en Andalucía. La niña sufría tocamientos por parte del padre y la abuela. Él perdió la patria potestad y, al igual que su madre, fue condenado por el delito de abusos sexuales.
"En un caso de abuso sexual no te puedes permitir esperar. Primero se protege al niño y después se pregunta", sostiene Ferrandis. "Las medidas de protección iniciales dependen de la Administración, que valora la integridad y vulnerabilidad del niño. Pero después viene un proceso judicial, en el que las cosas son distintas, porque nuestro Código Penal se basa en la presunción de inocencia y adaptar el testimonio del niño al derecho penal parece algo muy complicado".
