La polémica prohibición de las fiestas musicales en los chiringuitos de la ciudad ha generado las primeras discrepancias en el ejecutivo municipal, que justo hoy cumple seis meses de vigencia desde que Josep Fèlix Ballesteros (PSC), Alejandro Fernández (PP) y Josep Maria Prats (Unió) sellaran el acuerdo de gobierno el pasado 2 de febrero en el acto que se llevó a cabo en Casa Canals.
Ese pacto «no ideológico» se basó en el feeling personal entre los tres políticos, que buscaban dotar al gobierno de la Plaça de la Font de una estabilidad que, hasta entonces, no existía en un Saló de Plens formado por hasta ocho grupos municipales tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Según el documento Tarragona és futur, el objetivo del nuevo cartapacio municipal era materializar un ejecutivo «sólido, fuerte, estable, con capacidad para tomar decisiones» y poder desencallar temas como Tarragona 2017, el Mercat Central, la Ciutat Residencial, el párking Jaume I, el antiguo edificio del Banco de España, el Port Esportiu o la Plataforma del Miracle, según se indica en el texto del acuerdo.
