Pedro Alija es vecino de L’Albada, tiene movilidad reducida y hace unos días perdió una prueba médica que llevaba meses esperando. El motivo: el conductor del autobús municipal en el que iba a trasladarse al hospital no le permitió subir alegando que su silla, tipo scooter, era muy pesada para la rampa. No era la primera vez que le pasaba: los conductores no siempre le dejan subir y, cuando lo hacen, le insinúan que es por buena voluntad.
Alija tiene una condición de salud que empeoró durante el confinamiento y hace cuatro meses que compró la silla que le costó casi 900 euros. En la ortopedia de Tarragona le explicaron que estaba homologada, pero no le advirtieron de las dificultades para subir al autobús. «Es la única silla que tengo y la única que me puedo permitir», se lamenta.
El peso, asegura, no es un argumento válido, ya que el modelo que tiene sólo pesa 35 kilogramos. Además, cuando sí le han permitido subir al autobús, ha podido atarse correctamente con el cinturón de seguridad que hay en la zona de sillas de ruedas.
Ha consultado a otras líneas de transporte interurbano que parten desde Tarragona y le han dicho que sí le permitirían usar el servicio. Dice que no poder llegar al médico le molestó, «pero la sensación de rabia e impotencia es igual si fuera para dar un paseo al centro de mi ciudad».
No están homologados
Consultados al respecto, desde la Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona explican que «los vehículos tipo scooter no pueden acceder a los autobuses porque no son elementos homologados por el gobierno. No se trata de un tema de normativa municipal, sino general de todo el Estado. Este tipo de vehículos tiene unas especificaciones técnicas que difieren de la silla de ruedas tradicional».
No obstante, pese a que no pueden acceder, desde la empresa señalan que han iniciado «un diálogo con distintos agentes implicados: Autoridad del Transporte, Generalitat y Ayuntamiento, para buscar la manera de detectar qué modelos podrían ser seguros para viajar en autobús y avanzar en este tema».
No es la primera vez que se presenta un conflicto similar. Ya en 2018 una usuaria de la EMT denunció la misma situación con una silla tipo scooter. En febrero de ese año el Área de Polítiques d’Igualtat del Ayuntamiento de Tarragona le dio la razón y abrió un expediente en el que requería a la EMT que adoptara las medidas necesarias para garantizar «el acceso universal a los autobuses urbanos». Entonces la empresa ya aseguró que estaba trabajando en un reglamento para estos dispositivos.
En Barcelona sí pueden acceder
Otras ciudades ya han comenzado a adaptarse a la variedad de dispositivos que emplean las personas con movilidad reducida. Es el caso de Barcelona. Allí, los usuarios de estas sillas pueden entrar al autobús y al metro desde 2017 gracias a un programa piloto. Y desde agosto del año pasado también pueden hacerlo al tranvía y los autobuses interurbanos ya que el plan se ha ampliado a 21 municipios.
Alija pide que se estudie de una vez cómo debe ser el acceso de estos dispositivos al autobús municipal, «porque cada vez hay más gente que los necesita».
