El pleno municipal del Ayuntamiento de Tarragona aprobará hoy la modificación del contrato de la basura para suprimir las 119 islas de contenedores soterrados y transformarlas en más de 500 instalaciones en superficie, un hecho que obligará a cambiar parte del sistema de la recogida de los residuos a lo largo de 2020. El cambio administrativo, sin embargo, se llevará a cabo pese al dictamen desfavorable del más alto órgano jurídico consultivo de la Generalitat de Catalunya –la Comissió Jurídica Assessora–, que se muestra contrario a tocar la concesión vigente y se decanta por realizar una nueva licitación del servicio, al realizarse un «cambio sustancial» de sus condiciones.
Así se asegura en el documento firmado el pasado 4 de julio al que ha tenido acceso este periódico, y en el que el organismo resalta que los cambios que hoy se aprobarán –que comportarán un ahorro global de 100.000 euros, así como la compra de varios vehículos por parte de la empresa concesionaria– «no se pueden considerar como necesidades nuevas o causas imprevistas o, como mínimo, éstas no quedan debidamente justificadas en el expediente» afirman los juristas que avalan el informe, en el que aparecen expolíticos de la relevancia de Francesc Homs (exconseller y exdiputado de CiU) y Carles Mundó (exconseller y exdiputado de ERC).
Asimismo, en el dictamen los especialistas de la comisión –que está adscrita a la Conselleria de Presidència de la Generalitat de Catalunya– remarcan que el cambio que hoy se avalará «establecerá unas nuevas condiciones que, si hubieran figurado en el proceso de adjudicación inicial, habrían permitido la participación de otros licitadores, lo que habría permitido –si era el caso– adjudicar el contrato a una empresa diferente a la seleccionada. Se da la circunstancia de que, en 2010, este organismo ya se opuso a la prórroga que el Consistorio otorgó al contrato firmado en 2002, y que ahora finalizará en abril de 2023.
El secretario lo contradice
Pese a la opinión del más alto estamento jurídico de la administración autonómica, lo cierto es que el principal alcalde que ERC tiene en Catalunya –Pau Ricomà– desoirá hoy a la Generalitat e impulsará la modificación del contrato con FCC en base a un informe jurídico en el que el secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, contradice la opinión de los altos especialistas de la Comissió Jurídica Assessora.
En su análisis, el más alto funcionario de la corporación local resalta que el dictamen del organismo autonómico es «preceptivo, pero no vinculante», y recuerda que el de Tarragona «no fue el único» Ayuntamiento que en su momento apostó por los contenedores soterrados, sino que «se actuó de acuerdo con criterios comunes con otras muchas administraciones como un sistema de mejora de la recogida de residuos y disminución del impacto visual». Por ello, Font recalca que «en el momento de su proyección e instalación no eran previsibles los problemas de salubridad y seguridad que estos generarían con el paso del tiempo». En este sentido, el secretario contradice a la Comissió Jurídica Assessora y asegura que el mal resultado de los soterrados «no era previsible» y que las necesidades que justifican ahora el cambio contractual para volver a los contenedores en superficie «eran imprevistas».
«Es una necesidad imprevista»
Por su parte, el concejal de Serveis Centrals –Jordi Fortuny (ERC)– considera que la interpretación de la Generalitat es «errónea», ya que la causa de la modificación contractual para relevar a los contenedores soterrados «ha sido sobrevenida» porque «ha sido con el tiempo que se ha visto que el sistema no funciona». El segundo teniente de alcalde resalta que «volveríamos a licitar ahora el servicio si la causa del cambio fuera por un vicio inicial, pero es que cuando se adjudicó no podían contemplarse los problemas de salubridad e higiene que estos han tenido», asegura Fortuny, quien reconoce que el sistema que se impulsó hace una década «ha sido un fracaso».
La postura del gobierno municipal, sin embargo, no gusta a la CUP, que recuerda que «en el mandato anterior, ERC adoptó el discurso crítico de la CUP» con la empresa gestora del servicio. «Sin embargo, ahora que gobiernan proponen aprobar la misma modificación del PSC en la que ellos se abstuvieron. Y ahora deciden obviar el informe de la Comissió. Solo llevamos cinco meses de gobierno y ya vemos que, cuando se trata a las elites, las decisiones que se toman son las mismas que antes», criticó Estrada para volver a marcar distancias con Ricomà.
