El Gobierno volverá a intentarlo con la reforma de la ley de secretos oficiales, tres años después de haber aprobado por primera vez el proyecto llamado a revocar la norma vigente desde 1968 bajo el franquismo, y de haber tropezado con las reticencias de aquellos socios que lo veían aún demasiado restrictivo y de que la iniciativa decayera al adelantar Pedro Sánchez las generales al 23 de julio de 2023. El Consejo de Ministros aprobó el martes la propuesta para su remisión a las Cortes y tentó a los aliados de investidura, por boca del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños -su muñidor-, con que si la norma se aprueba para el próximo año, se desclasificará información relativa al golpe de Estado del 23-F de 1981.
Porque lo que se juega con la desclasificación de los secretos de Estado de esta época es todo un relato sobre la Transición que se ha venido explicando casi como una historia de éxito absoluto, intentando en todo momento ningunear los claroscuros y los oscuros absolutos que toda historia humana tiene. En juego está el «modelo español» que tan venerado ha sido. La sacralización de la Constitución como ley inamovible y grabada en una piedra eterna. Todo un argumentario que ha pretendido petrificar un modelo de Estado basado en la centralidad y la negación de una verdad que no tiene porque ser terrible, pero lo que seguro que no es es un cuento de hadas con un príncipe azul (léase el emérito).
Ello será posible porque el proyecto de ley sitúa en 45 años el tiempo para mantener ocultos al ojo público los secretos de Estado más protegidos, un plazo que puede alcanzar, si media la prórroga de 15 prevista, hasta los 60; una previsión que sitúa a España entre los países con mayor margen de 'top secret' de los socios europeos y de la OTAN. Bolaños, que subrayó «la ingente» documentación clasificada que cobijan los distintos ministerios, subrayó que por primera vez la desclasificación será automática transcurridos esos 45 años, aunque con la salvedad de que el manto podrá seguir operando si se establece que persiste el riesgo para la defensa o la seguridad nacional.
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