La negativa unánime de las comunidades autónomas (menos Catalunya obviamente) a aprobar un sistema de financiación que beneficiaba objetivamente a todas ellas constituye uno de los episodios más preocupantes de ceguera política de los últimos tiempos. Resulta difícil encontrar una justificación razonable cuando una propuesta diseñada para mejorar la inversión, reforzar los servicios públicos y ofrecer mayor estabilidad presupuestaria a todas las CCAA acaba descartada no por su contenido, sino por quién la proponía. Negarse bajo excusas peregrinas, artificiosas o abiertamente partidistas es una falta de responsabilidad institucional. La política democrática exige confrontar ideas, corregir errores y negociar mejoras, no dinamitar iniciativas útiles por mero cálculo electoral o por miedo a conceder un éxito al adversario. Cuando el interés general se subordina a la estrategia partidista, quienes pierden no son los gobiernos, sino los ciudadanos.
Es especialmente grave que una propuesta que ampliaba los márgenes de inversión y ofrecía beneficios transversales haya sido arrojada al saco de la politiquería más escandalosa. Esa actitud transmite un mensaje demoledor: que el consenso es imposible y que cualquier avance está condenado a quedar bloqueado si no encaja en el relato propio. Así se erosiona la confianza en las instituciones y se alimenta el desencanto social.
La financiación autonómica no es un juego de suma cero ni un campo para ajustes de cuentas ideológicos. Es una herramienta clave para garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y la calidad de los servicios públicos. Rechazar mejoras compartidas por razones ajenas al interés común no es solo un error político; es una irresponsabilidad histórica. España necesita menos vetos automáticos y más madurez institucional. Cuando una propuesta beneficia a todos, lo sensato es mejorarla, no enterrarla. Lo contrario es condenar al país a la parálisis permanente. Cuando una propuesta se rechaza sencillamente porque la proponen los catalanes, es casi un suicidio político.