La suspensión total del servicio de Rodalies este fin de semana, por tercera vez en siete días confirma una ruina largamente anunciada y sistemáticamente ignorada. La red ferroviaria catalana opera desde hace años al límite de la seguridad y la fiabilidad. Todos conocemos la causa principal: Adif y Renfe —el Gobierno español, en suma— ha invertido poco y de la inversión prevista ha ejecutado apenas la mitad. No hay más. Esta dejadez la pagan los ciudadanos —algunos con su vida— que este domingo no saben si el lunes podrán acudir a trabajar en tren. El Govern ha exigido a Renfe y Adif que no reanuden el servicio hasta que puedan garantizar la seguridad de forma sostenida en el tiempo. Es comprensible desde el punto de vista de la protección de las personas, pero también constata que el ejecutivo catalán reacciona a los acontecimientos en lugar de liderar una respuesta ordenada y previsible. La rueda de prensa de ayer al mediodía fue muy significativa: el relato del Govern se derrumbó en la segunda pregunta, al inquirir un periodista por qué ponían el acento en la suspensión del servicio y no en su reanudación. Por la tarde, la consellera Sílvia Paneque reconoció que se inspeccionan 21 puntos negros, pero rechazó ofrecer mayores detalles. Las plataformas de usuarios reclaman algo razonable: transparencia, planificación y una gestión del riesgo que no pase sistemáticamente por «pararlo todo» sin más, dejando a miles de personas sin alternativa de movilidad en un servicio esencial. El problema no nace con el último temporal ni con este Govern, al que quizá no se puede pedir más dedicación. Viene de lejos y tiene responsables claros. Adif y el Ministerio de Transportes arrastran una deuda histórica de inversión y mantenimiento, mientras la Generalitat ha mostrado una capacidad limitada para imponerse. Las críticas políticas de la oposición se suceden con poca vergüenza: todos los partidos que salen a echarse encima del Govern han gobernado antes. Hay que tener nervio para decir ahora lo que debían haber hecho hace décadas. La crisis de Rodalies no es solo ferroviaria, es institucional. Mientras no se afronte como un problema de país, con coordinación real, transparencia y responsabilidad compartida, el caos seguirá repitiéndose.
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