Clamor unánime por un servicio ictus 24 horas

No es habitual que ayuntamientos de distinto signo político hablen con una sola voz. Mucho menos en tiempos de polarización, reproches cruzados y bloques enfrentados. Por eso tiene un valor extraordinario lo ocurrido en Tarragona, Reus y Valls: sus plenos municipales han aprobado por unanimidad mociones para exigir que el Hospital Universitari Joan XXIII disponga de un servicio de ictus operativo las 24 horas del día, los 365 días del año. La unanimidad no es casual ni simbólica. Es la expresión de una evidencia incuestionable: el actual modelo de atención al ictus en el Camp de Tarragona es insuficiente y genera desigualdad sanitaria. Cuando una persona sufre un ictus, cada minuto cuenta. El cerebro no espera a horarios de oficina. La posibilidad de aplicar tratamientos como la trombectomía mecánica en las primeras horas puede significar la diferencia entre una recuperación digna, una discapacidad permanente o la muerte. Y, sin embargo, en nuestra demarcación este tipo de atención especializada no está garantizada de forma continua. Fuera de determinadas franjas horarias, muchos pacientes deben ser trasladados a Barcelona, perdiendo un tiempo precioso que la medicina moderna considera decisivo. En la práctica, el pronóstico vital y funcional de una persona depende hoy de la hora a la que sufre el ictus. Eso no es aceptable en un sistema sanitario que se presume universal y equitativo. La necesidad existe, está documentada y seguirá creciendo en una población cada vez más envejecida. No es un lujo sanitario: es una urgencia estructural. Los argumentos sobre la falta de profesionales o la conveniencia de centralizar servicios pueden formar parte del debate organizativo, pero no pueden convertirse en coartada permanente para mantener una carencia que pone en riesgo vidas. Otras áreas de Cataluña ya cuentan con cobertura 24/7. ¿Por qué el Camp de Tarragona debe resignarse a una atención de segunda velocidad? La política, esta vez, ha estado a la altura. La unanimidad de Tarragona, Reus y Valls envía un mensaje nítido al Departament de Salut: no se trata de una reivindicación partidista, sino de una exigencia social compartida.