Una nueva tragedia ha llenado de muerte el Mediterráneo, en esta ocasión cerca de las costas griegas. El hundimiento de un barco de pesca en el que según algunos medios viajaban hacinadas 750 personas, de las que solo han sobrevivido 104, es una vergüenza sin paliativos para la Unión Europea.
Y es que, más allá de que se trate de una tragedia anunciada por los nuevos métodos de los traficantes de personas, estamos ante un problema que no es nuevo y que se ha cobrado miles de vidas ante la pasividad cómplice de los responsables comunitarios. Las autoridades de varios Estados miembros fueron informadas de que esta embarcación estaba en peligro varias horas antes de que se volcara, y un avión de Frontex estaba presente en el lugar.
La inacción es, pues, intolerable. Diversas organizaciones pro derechos humanos y la ONU han pedido medidas «urgentes» para evitar la muerte de más migrantes en las aguas del mar Mediterráneo, y han recordado que «el deber de rescatar sin demora a las personas en peligro en el mar es una norma fundamental del derecho marítimo internacional».
La gestión de Bruselas mediante acuerdos opacos con naciones de tránsito como Libia o Turquía se ha demostrado ineficiente para contener esta sangría que tantas vidas se cobra cada día. La UE debe cambiar su política, basada en la disuasión y la detención sistemática en sus fronteras mientras pronuncia palabras huecas cada vez que se produce un accidente, y recuperar aquellos valores de humanidad, solidaridad y empatía que tan grande la hicieron.
La persistencia de la falta de libertad y de oportunidades que empuja a miles de personas a huir de África en busca de un futuro, unida a la cercanía del verano, hace temer que esta tragedia no será la última. Y, sin embargo, ha de serlo. Es hora ya de tomar medidas urgentes para proteger las vidas y los derechos de las personas que buscan una vida en Europa.
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