La exigencia de catalán B2 para electricistas en Amposta desata una nueva polémica política y judicial

La exigencia de un nivel B2 de catalán para acceder a una plaza de electricista en el Ayuntamiento de Amposta ha generado una intensa controversia política, mediática y judicial. 

La convocatoria pública, aprobada a principios de noviembre, establece como requisito indispensable la acreditación de un dominio intermedio-alto del catalán, tanto oral como escrito, mediante una prueba de carácter eliminatorio.

El proceso selectivo incluye un examen lingüístico que evalúa pronunciación, gramática, ortografía y expresión escrita. Según las bases, se penalizan errores fonéticos como no distinguir vocales abiertas y cerradas, no pronunciar correctamente sonidos propios del catalán o emplear fonemas ajenos al sistema lingüístico. La prueba también incorpora ejercicios de gramática considerada avanzada —como el uso de pronombres débiles— y la redacción de un correo electrónico de unas 150 palabras íntegramente en catalán.

La convocatoria ha sido recurrida ante la justicia por la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), que considera desproporcionado el nivel exigido para un puesto cuyas funciones son mayoritariamente manuales y técnicas, como instalaciones eléctricas, mantenimiento y apoyo a la brigada municipal. 

El recurso, presentado por su presidente, el abogado Ángel Escolano, sostiene que el requisito vulnera los principios de igualdad y acceso a la función pública recogidos en la Constitución y que actúa como una barrera de entrada injustificada para aspirantes que no han cursado su formación en Catalunya.

Desde el Ayuntamiento de Amposta defienden la legalidad de la convocatoria. El alcalde, Adam Tomàs (ERC), ha argumentado que el nivel B2 es incluso inferior al que exigen otros ayuntamientos y que responde a la voluntad de garantizar que cualquier trabajador municipal pueda comunicarse correctamente con la ciudadanía. El consistorio sostiene que la medida se ajusta a la normativa vigente y que está dispuesto a defenderla en los tribunales.

La polémica ha sido amplificada por varios medios de comunicación de ámbito estatal, que han criticado el contenido del examen y han denunciado una supuesta discriminación lingüística, especialmente hacia aspirantes castellanohablantes. 

Paralelamente, el caso ha reactivado el debate sobre la proporcionalidad de los requisitos lingüísticos en el acceso a empleos públicos de carácter no administrativo.

El conflicto se produce en un contexto de precedentes judiciales recientes. En octubre, un juzgado de Barcelona anuló la exigencia de un nivel B2 de catalán para una plaza de operario de cementerio en el Ayuntamiento de Vic, al considerar que no guardaba proporción con las funciones del puesto, fijando como suficiente un nivel básico (A2). 

Convivencia Cívica Catalana también ha anunciado recursos contra otros consistorios, como el de Guardiola de Berguedà, por exigir niveles aún más altos para puestos técnicos similares.