Tarragona, Reus, Amposta, Tortosa y Calafell recibirán 67,3 millones de inversión del Pla de Barris

Este año, el Gordo de Navidad se ha anticipado y, como acostumbra a decirse en estas ocasiones, el premio ha ido muy repartido. Los municipios afortunados en la demarcación son Tarragona, Reus, Tortosa, Amposta y Calafell, que recibirán una inyección de 67,3 millones de euros de inversión pública por parte de la Generalitat, dentro de la primera convocatoria del Pla de Barris i Viles (2025-2029) impulsado por el Govern de Salvador Illa.

Esta mañana, el President ha dado a conocer la relación de los proyectos afortunados en esta primera convocatoria, la cual ha tenido una gran concurrencia, con un total de 83 solicitudes. Esto ha provocado que, al final, la administración catalana haya decidido incrementar la aportación prevista hasta alcanzar los 232,71 millones de euros. De esta forma, el Pla de Barris beneficiará a una veintena de municipios, que es el objetivo que se había fijado el Govern. 

Esto supondrá que, sumándole la aportación que tendrán que hacer los ayuntamientos, la inversión total en estos cinco municipios de la demarcación tarraconense prácticamente alcance los 120,5 millones de euros.

Desde la Part Baixa a la Ciutat Històrica

Los barrios en los que se intervendrá son la Ciutat Històrica de Tortosa, que ha recibido 14.986.400 euros de inversión por parte de la Generalitat, los Barris Fluvials d'Amposta (15.000.000), Cal Balavà de Calafell (12.329.013), Reus Sud (12.499.908) y la Part Baixa de Tarragona (12,5 millones). 

En el caso de los municipios más pequeños, esta ayuda representa más del 50% de la inversión total que se llevará a cabo hasta 2029, teniendo en cuenta que el conjunto de los proyectos presentados incluye actuaciones que superan los 20 millones. En Tortosa, Amposta, Reus y Tarragona, esta cifra se eleva hasta los 25 millones.

El conjunto de estos barrios comparte que han sido identificados como los "más vulnerables del país" y, por tanto, han sido catalogados como Àrees d'Atenció Especial (AAE) por parte de la Generalitat. Esto supone que todos ellos tienen unos indicadores de renta por debajo de la media catalana, un déficit en los equipamientos o servicios, problemas de vivienda o la exposición a riesgos ambientales. 

La Generalitat prevé abrir una nueva convocatoria anual hasta 2029, la próxima será en mayo

El programa que ahora se pone en marcha busca es reducir las desigualdades, mejorando las condiciones de vida y garantizando el acceso equitativo a servicios básicos y a una vivienda digna, fortaleciendo las comunidades con la participación activa. Para ello, las acciones que se plantean responden a tres objetivos, como son las transformaciones físicas en el ámbito del urbanismo, la vivienda y la eficiencia energética, la transición ecológica y las acciones sociocomunitarias. 

El comisionado para el Impuls de les Polítiques de Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i les Viles, Carles Martí, ha lamentado que "se han quedado fuera buenos proyectos, pero los recursos son limitados y hemos tenido que hacer una priorización". La valoración del programa presentado y si este incluía actuaciones relevantes de transformación ha sido el elemento que ha prevalecido en el momento de la selección, con un 70% del peso, mientras que las condiciones objetivas de vulnerabilidad han representado el 30% restante.

Entre los municipios que se han quedado fuera está Valls y El Vendrell. Ahora estos podrán mejorar sus proyectos para optar a la nueva convocatoria que se prevé abrir hacia el mes de mayo. Hasta 2029, la Generalitat prevé movilizar hasta 1.000 millones de euros, con convocatorias anuales. A partir de ahí, está previsto que se haga una revisión del programa.

Los municipios deberán crear una oficina de barrio

Desde la administración catalana, se ha puesto en valor que "podemos estar satisfechos por la buena acogida del programa, las propuestas y el reparto". De hecho, desde los Ayuntamientos, hace mucho tiempo que se esperaba la puesta en marcha de este plan, teniendo en cuenta los problemas de financiación de los municipios.

A partir de ahora, se abre un proceso de doce días hábiles en los que los ayuntamientos podrán presentar sus alegaciones, y a mediados de enero se dará a conocer la resolución definitiva para que pueda empezarse a trabajar.

Entre las primeras acciones que deberán llevarse a cabo está la creación de las oficinas de barrio, con las asociaciones vecinales y las entidades, para hacer un seguimiento de las acciones que se van a implementar. En paralelo, también se creará un comité con los representantes municipales y de la Generalitat, para supervisar que se cumplan los objetivos, acorde con los calendarios.