«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». Esta frase atribuida al célebre filósofo, político y pensador Séneca, aunque fue enunciada hace mucho tiempo, sigue siendo de rabiosa actualidad. Lo confirmó ayer el presidente de la Audiencia de Tarragona, Joan Perarnau, durante el acto de presentación del balance del año 2021 de la actividad judicial en los juzgados de Tarragona.
Perarnau destacó las deficiencias que sufre sobre todo el Camp de Tarragona, donde «la plantilla judicial es totalmente inadecuada». Una de las más graves consecuencias de esta situación es que los juicios penales se señalan a dos años vista, un retraso «anormal» y «exagerado», según el presidente de la Audiencia.
Esta lista de espera hace que «sistemáticamente» deban reducirse condenas por dilaciones indebidas, un escenario que se aplicará en el caso Inipro, un juicio que, teniendo en cuenta el actual índice de espera, no se celebrará hasta 2024, once años después de que las supuestas irregularidades fueran llevadas ante la justicia. Y no es el caso más longevo que espera resolución en los juzgados de Tarragona, pues el de la compra de los terrenos para construir Parc Central arrancó en 1994 (hace 28 años), ha tenido 26 jueces distintos y el sumario tiene 32.000 folios. Semejante lentitud representa una injusticia mayúscula.
No solo por esas reducciones de penas que conllevan las dilaciones indebidas, que en casos de delitos graves contra las personas pueden suponer cierta impunidad, sino también porque durante todo el tiempo que un caso está judicializado los investigados, que no tienen por qué ser necesariamente culpables, son señalados y cargan sobre sus espaldas una pesada cruz de la que no pueden defenderse. La justicia es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y, además de imparcial e independiente, ha de ser justa. Y para eso debe contar con los medios necesarios para que los procesos no se enquisten.
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