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    El ciudadano expulsado

    Ley de Extranjería. Esta semana han coincidido dos silencios llamativos sobre Mohamed Said Badaoui tras su deportación a Marruecos acusado de salafista

    03 diciembre 2022 20:18 | Actualizado a 04 diciembre 2022 07:00
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    El pasado martes se produjo una escena curiosa en el salón de plenos del Ayuntamiento durante la audiencia pública de presentación del Pla Estratègic Reus Horitzó 32, resultante del proceso de debate y participación abierto con la ciudadanía. Mientras se desarrollaban las intervenciones, las pantallas del salón reproducían imágenes de los diversos foros celebrados durante el último año y medio. Uno de los participantes que aparecía en las fotografías de las mesas transversales y sectoriales era Mohamed Said Badaoui, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana de Reus. Como es bien sabido, recientemente ha sido expulsado de España acusado de ser un peligro para la seguridad nacional por la presunta difusión de postulados radicales salafistas y proyihadistas, según informaciones obtenidas por la Policía Nacional.

    La anécdota de las fotos proyectadas en el Ayuntamiento quizá pasó desapercibida ya que las citadas reuniones se realizaron cuando las mascarillas eran obligatorias, pero puedo dar fe de la presencia del activista musulmán porque yo estaba sentado a su lado.

    La imagen podía suscitar distintas reacciones, dependiendo de la perspectiva del observador. Por un lado, escandalizarse porque un hombre que supuestamente promueve discursos de odio hacia los valores de nuestra sociedad figure entre los copartícipes del plan estratégico de Reus.

    Por otro, indignarse porque una persona implicada en el movimiento asociativo, las causas sociales y la planificación del futuro de la ciudad pueda ser considerado un peligro para la convivencia en el país donde vive desde hace décadas y haya sido deportado a su Marruecos natal al amparo de la Ley de Extranjería.

    Y, por último, sorprenderse de que el ciudadano al que el propio libro del Pla Estratègic Reus Horitzó 32 agradece su colaboración, no merezca ninguna mención en un acto celebrado pocos días después de su expulsión, y más teniendo en cuenta la solidaridad que el caso de Badaoui desató, tanto en el Ayuntamiento de Reus como en el Parlament de Catalunya, por su labor facilitadora del diálogo con la comunidad islámica.

    Al día siguiente de este silencio implícito, se produjo otro de explícito. La delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay; el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté; el jefe superior de la Policía Nacional en Catalunya; el responsable de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en Catalunya y el comisario jefe de la Comisaría Provincial de Tarragona plantaron a la comisión de Interior del Parlament que les había citado para dar explicaciones sobre la expulsión de Badaoui. El argumento para declinar la comparecencia fue que los representantes de la Administración del Estado no están sometidos al control político de parlamentos autonómicos.

    No tengo ningún motivo para poner en duda la veracidad de los informes policiales, ni para cuestionar el trabajo de los cuerpos en seguridad en la prevención del radicalismo islámico y el yihadismo, ni para criticar el aval de la Audiencia Nacional a la repatriación del activista musulmán. Pero tampoco para considerar a Mohamed Said Badaoui un peligroso salafista, porque no será juzgado por ello, ni podrá defenderse de los indicios en su contra, ya que su caso se despacha con un proceso administrativo en que los funcionarios responsables deciden sobre cuestiones tan volubles como los límites entre la libertad religiosa, los derechos individuales y la protección de los valores democráticos. Por ejemplo, la frontera entre adoctrinar a los jóvenes en la religión o iniciarlos en el proyihadismo puede resultar difusa. O entre la interpretación conservadora de la ley islámica y la atentatoria contra la dignidad de la mujer.

    La aplicación de un procedimiento tan poco garantista y el perfil del afectado, que era a la vez un líder de su comunidad y un mediador intercultural, hacían necesaria alguna explicación pública por parte de los responsables políticos de la medida, y evidentemente hacerlo de manera compatible con la protección de fuentes e investigaciones.

    Muy al contrario, la única información al respecto se ha vehiculado por el conducto de las filtraciones periodísticas, siempre interesadas pero no siempre fiables, como ha quedado demostrado de manera tan abundante como grosera en los últimos años.

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