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Narcolanchas de Tarragona y desembarcos de hachís: a juicio trece personas por tráfico de drogas

Se acusa a trece personas por delitos de contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación destapó una infraestructura industrial y empresarial dedicada a facilitar la entrada de hachís por vía marítima desde África

Instante de uno de los operativos policiales.Cedida

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La Audiencia Provincial de Tarragona enjuiciará próximamente a una presunta organización criminal asentada en Catalunya y con ramificaciones en Almería, acusada de fabricar y acondicionar narcolanchas para transportar grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta la costa española. 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona ha decretado la apertura de juicio oral contra trece personas, a las que se les imputan delitos de tráfico de drogas, contrabando, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La red contaba con una estructura compleja y profesionalizada. Las embarcaciones —de hasta doce metros de eslora y equipadas con motores de gran cilindrada y tecnología GPS— se fabricaban y modificaban en tres naves industriales situadas en el polígono de Riu Clar de Tarragona, Rubí y Salt. 

Desde allí se transportaban hasta diferentes puntos del litoral donde eran botadas al mar para realizar las travesías con destino a las costas marroquíes. A bordo cargaban centenares de kilos de hachís y regresaban a la península para realizar desembarcos nocturnos en playas apartadas, como Cala Llevadó en Tossa de Mar o Costacabana en Almería.

Una investigación de largo recorrido

La investigación, coordinada entre la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, se inició en junio de 2022 tras detectar un incremento en la actividad de introducción de hachís por vía marítima en la provincia de Tarragona. Los cuerpos policiales identificaron una nave en el polígono de Riu Clar donde se almacenaba una narcolancha de gran tamaño, oculta en un remolque de una empresa de transporte. Autorizados por el juzgado, instalaron un dispositivo de seguimiento tanto en la embarcación como en los vehículos utilizados por la red.

Durante meses, los agentes siguieron los movimientos de la organización mediante vigilancia física, dispositivos de geolocalización y escuchas telefónicas. Así, constataron que el grupo operaba en distintos niveles: desde la adquisición de cascos y motores, su transporte y ensamblaje, hasta el blanqueo de beneficios mediante sociedades pantalla y facturación ficticia.

Uno de los episodios clave tuvo lugar en febrero de 2023. Una embarcación bimotora, tras haber sido trasladada a una finca en Cuevas de Almanzora (Almería), fue botada y navegó hasta Marruecos, donde cargó la droga. La noche del 22 al 23 de febrero, intentó desembarcar más de 2.000 kilos de hachís en la cala Llevadó de Tossa de Mar. 

La operación fue abortada por los cuerpos policiales, que incautaron 55 fardos de arpillera con un valor en el mercado superior a los cuatro millones de euros. Aunque los integrantes de la descarga lograron escapar, se intervinieron varias furgonetas, una de ellas alquilada un día antes para la operación y otra registrada a nombre de uno de los acusados.

Estructura con apariencia legal

El entramado disponía de una estructura empresarial con apariencia legal. Varias sociedades mercantiles dedicadas, en teoría, al transporte de mercancías o a actividades náuticas fueron utilizadas para justificar la adquisición de motores, cascos y otros elementos. 

Según la investigación, parte del dinero obtenido con la venta de droga fue canalizado a través de facturación fraudulenta y transferencias opacas. En total, se han identificado operaciones sospechosas por más de 300.000 euros entre las empresas implicadas.

Una de estas sociedades, dedicada en principio al alquiler de embarcaciones con fines recreativos, jugó un papel crucial al facilitar a la organización la adquisición de elementos clave para la construcción y equipamiento de las EAV, como motores fuera borda de gran caballaje y cascos de embarcaciones. 

Según la información fiscal recopilada en la causa, esta empresa declaró adquisiciones intracomunitarias realizadas a una mercantil con sede en Países Bajos, especializada en la comercialización de embarcaciones semirrígidas y motores náuticos de alta potencia.

La red se apoyaba en varios perfiles diferenciados. El supuesto cabecilla —según el auto judicial— dirigía desde Viladecans toda la logística y operativa, incluso tras haber salido de prisión por causas anteriores vinculadas al tráfico de hachís. Un segundo escalón lo ocupaban colaboradores responsables de las compras, el transporte y la preparación de las embarcaciones. 

Un tercer grupo se encargaba del montaje técnico, la custodia de las naves, la carga de combustible y el pilotaje de las narcolanchas. Por último, algunos de los acusados figuraban como administradores interpuestos de sociedades, usadas para dificultar el rastro del dinero y encubrir la actividad ilícita.

Registros reveladores

El 14 de marzo de 2023, la operación culminó con registros simultáneos en varios domicilios, campas y naves industriales. 

En ellos se intervinieron embarcaciones listas para zarpar, grandes cantidades de combustible, teléfonos satelitales, ordenadores, documentación financiera, cámaras de videovigilancia, estructuras para botadura, facturas falsas y hasta dinero en efectivo escondido en calcetines y muebles. En uno de los domicilios, la policía halló una pastilla de hachís idéntica a las del alijo interceptado, lo que reforzó los vínculos entre los acusados y la droga incautada.

En la nave de Rubí, una de las embarcaciones intervenidas estaba equipada con tres motores Yamaha de gran cilindrada y contenía todos los utensilios necesarios para la navegación y el transporte de droga. Parte de este material había sido adquirido semanas antes por uno de los líderes de la red en establecimientos comerciales de Barcelona y Tarragona.

Peticiones de penas elevadas y expulsión del país

El Ministerio Fiscal solicita penas que oscilan entre los 11 y los 15 años de prisión, en función del grado de implicación de cada acusado. Para el presunto líder se pide la pena más alta: 15 años. Además, se reclaman multas superiores al medio millón de euros y la destrucción de todo el material intervenido. 

El despacho tarraconense 8Penal se encarga de la defensa de un miembro dedicado a la preparación, mantenimiento e introducción en el agua de las embarcaciones. Concretamente, a la adquisición de vehículos que utilizaban el resto de miembros de la organización.

En el caso de seis de los acusados, cuya situación administrativa en España no está regularizada, la Fiscalía solicita que parte de la condena sea sustituida por la expulsión del territorio nacional durante diez años, una vez cumplida una parte de la pena.

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