Judicial
El jurado popular declara culpable a la cuidadora acusada de asesinar a una anciana el 2022 en Reus
Los miembros del tribunal consideran probado que asfixió a la víctima y que le robó sus ahorros

La acusada de matar a la anciana a la que cuidaba en 2022 y el hombre investigado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con blanqueo de capitales
El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a la mujer acusada de matar a la anciana a la que cuidaba en Reus durante la noche del 20 al 21 de septiembre de 2022. En la lectura del veredicto, realizada este jueves al mediodía en la Audiencia de Tarragona, los miembros del tribunal han considerado probado que asfixió a la víctima con una almohada mientras dormía y que la mujer no pudo defenderse. También han acordado que la investigada se apropió prácticamente de todos los ahorros de la anciana y que falsificó su firma para realizar transferencias de dinero a sus familiares en Paraguay. La Fiscalía y la acusación particular mantienen la solicitud de prisión permanente revisable. La defensa, que pedía la absolución, solicitará de forma subsidiaria la pena mínima.
Los miembros del jurado popular han considerado por unanimidad que ha quedado probado que la acusada asfixió con una almohada a la víctima mientras dormía en la habitación de su domicilio, alrededor de las 00:58 horas de la madrugada del 21 de septiembre de 2022. También, por unanimidad, han acordado que la causa de la muerte fue una asfixia por sofocación debido a la oclusión extrínseca de los orificios respiratorios. Asimismo, han dictaminado que la anciana no pudo defenderse.
Paralelamente, el jurado ha asegurado que ha quedado acreditado que la investigada retiró dinero de la cuenta bancaria de la víctima entre el 10 y el 20 de septiembre de 2022, apropiándose de más de 4.000 euros. También que envió dinero a sus familiares residentes en Paraguay. Además, los miembros del tribunal han aprobado por unanimidad que la procesada realizó dos transferencias por un importe total de 2.000 euros, falsificó la firma de la anciana y utilizó nombres de terceras personas para efectuar las operaciones. Finalmente, han considerado que se apoderó de la ropa de la víctima.
En cuanto al otro acusado, el propietario de un locutorio, los miembros del jurado han considerado probado por unanimidad que colaboró con la procesada «con su aportación esencial» para que pudiera falsificar la firma de la anciana. No obstante, no han aprobado por unanimidad que el hombre sea culpable de permitir que la acusada se apropiara del dinero de la víctima utilizando identidades de terceras personas a través de reintegros y envíos de dinero desde su establecimiento. Tampoco han considerado probado que fuera culpable de custodiar la ropa de la víctima. «Probado por ocho votos a favor y uno en contra, es culpable de permitir la falsificación de la firma y realizar tres envíos desde el locutorio», ha leído la portavoz del jurado.
Se mantiene la prisión permanente revisable
La Fiscalía y la acusación particular han mantenido sus peticiones iniciales. Ambas partes consideran que la acusada es autora de un delito de asesinato con alevosía, cometido para facilitar la comisión del delito de estafa/apropiación indebida, así como de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil y un delito de hurto. Por ello, solicitan prisión permanente revisable por el delito de asesinato, cinco años por el delito de estafa y dos más por el de hurto.
Por otra parte, el ministerio público y la acusación piden para el otro investigado una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con blanqueo de capitales, así como una multa de 6.000 euros. Alternativamente, la Fiscalía solicita que sea condenado por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de receptación o encubrimiento, por los que pide dos y tres años de prisión, respectivamente.
En cuanto a la responsabilidad civil, el fiscal y el abogado de la familia reclaman que la procesada indemnice con 75.000 euros a cada hijo de la víctima. Asimismo, de forma conjunta y solidaria con el otro acusado, deberán abonar 4.000 euros por los daños morales causados a los familiares. En cambio, la defensa ha mantenido la solicitud de absolución para el hombre y, de forma subsidiaria, la pena mínima para ella.