Martínez Bravo sobre el fraude de menores no acompañados: "el sistema seguirá protegiendo a los vulnerables"

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha ofrecido detalles sobre el operativo que ha desmantelado una red dedicada al presunto delito de abandono de menores con intenciones fraudulentas. La operación, ha dicho, es fruto de la colaboración estrecha entre la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA, antigua DGAIA) y la Policía Nacional, y culminó con el retorno de 22 menores a sus familias y la detención de 30 personas.

Martínez Bravo, ha condenado los hechos y ha dejado claro que el sistema "seguirá protegiendo a los menores vulnerables". "Si ya es estremecedor que a la administración se le acerquen personas con intención de fraude, es especialmente estremecedor que se utilicen menores", ha señalado.

La consellera, sin embargo, ha querido remarcar que "el sistema funciona" y ha reconocido que seguirán investigando para saber si hay más casos y si van más allá del ámbito de Tarragona.

La detección del fraude ha dicho se produjo al notar que había menores que "parecía que procedían de familias que no eran vulnerables". La Policía Nacional, con competencias en materia migratoria, colaboró para investigar el contexto de estas familias.

El modus operandi apuntado por la Policía Nacional involucraba la entrada al territorio con visados, a pesar de la necesidad de acreditar solvencia económica, para luego cometer el presunto delito de abandono. La práctica consistía en dejar a los menores a cargo de la administración. El cese de tutela implica que se comprobó que esas familias podían hacerse cargo de los menores "en buenas circunstancias".

Finalmente, estas acciones de control son parte, ha dicho, del proceso de revisión de todos los procedimientos iniciado en el marco de la "refundación de la antigua DGAIA". Este nuevo organismo tiene el objetivo de "poner orden, poner control, revisar todos los procesos, detectar malas prácticas allí donde existan" y tener toda la contundencia para defender la dignidad y el prestigio del sistema de protección, que considera una pieza fundamental del estado del bienestar.