El exalcalde de Els Pallaresos y otras nueve personas, juzgadas por un delito de prevaricación, fraude y cohecho continuado

El alcalde de Els Pallaresos (2011-2015), Jaume Domínguez, es juzgado junto con otras nueve personas por un supuesto delito de prevaricación, fraude y cohecho continuado en un caso de corrupción urbanística. Los otros acusados están vinculados a tres empresas constructoras, además del entonces secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal y el arquitecto superior. Este martes, un subinspector de los Mossos d’Esquadra ha declarado que uno de los tres presupuestos presentados para las obras, el que resultó adjudicatario, era “igual” que la memoria elaborada previamente por el arquitecto municipal. También ha afirmado que las otras dos empresas descartadas presentaron presupuestos “altos” y eran “familiares” de la empresa adjudicataria.

La Audiencia Provincial de Tarragona acoge desde la semana pasada el juicio al exalcalde de Els Pallaresos. En el banquillo también se sientan nueve acusados más: el entonces secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal, el arquitecto superior y diversas personas vinculadas a la empresa Obres Agustí i Fills S.L., así como los responsables de Construccions Ciscu 2004 y José Maria Jové Hernández.

Los hechos se remontan a los años 2010-2011, cuando el Ayuntamiento de Els Pallaresos (Tarragonès) debía ejecutar obras en la calle del Sol y en la del Vent. En su escrito, la Fiscalía señala que uno de los administradores de Agustí i Fills S.L. entregó directamente al arquitecto municipal —sin pasar por el registro— hasta ocho presupuestos de las obras previstas en ambas calles. Según el fiscal, el arquitecto redactó las memorias valoradas “ajustándose” a estos presupuestos con el objetivo de adjudicar los trabajos a la misma empresa.

En la calle del Sol, la obra consistía en colocar piedra de escollera en uno de los márgenes y rellenarlo con hormigón; en la calle del Vent, se tenía que derribar el muro y la acera de panot existente, excavar los cimientos y construir un muro de hormigón, además de instalar nuevo panot y una barandilla de hierro.

El objetivo, según la Fiscalía, era adjudicar “rápidamente” las obras y obtener “beneficio a costa del erario público” mediante una sobrevaloración. En total, el sobrecoste ascendería a 24.743,95 euros. Las obras de la primera calle tenían un coste real de 16.192,15 euros, pero fueron presupuestadas en 48.388,85 euros. A comienzos de 2011, la tramitación se detuvo por decisión del secretario interventor ante la proximidad de las elecciones municipales. Tras los comicios y con Domínguez nuevamente al frente de la alcaldía, los trámites se reactivaron.

La Fiscalía explica que, “para dar apariencia de objetividad”, durante la selección se invitó a participar a dos empresas más, “aunque ya se había decidido adjudicar ambos contratos a Obres Agustí i Fills S.L.”. Los responsables de las otras dos firmas, Construccions Ciscu 2004 y José Maria Jové Hernández, también están acusados.

El fiscal considera que estas empresas presentaron presupuestos superiores a la valoración de la memoria con el fin “de evitar ser seleccionadas y favorecer a Agustí i Fills S.L.”. En julio de 2011, el arquitecto municipal emitió un informe señalando que la propuesta de Agustí i Fills era la “más favorable”.

Mossos corrobora la versión de Fiscalía

Este martes por la mañana, un subinspector de los Mossos que llevó la investigación corroboró la versión del ministerio público. Señaló que las tres empresas que optaron a la obra eran “todas familiares” y que las dos que no resultaron adjudicatarias presentaron un presupuesto “alto”. También indicó que los presupuestos fueron entregados “el mismo día y por la misma persona”, pese a tratarse de empresas distintas.

Además, afirmó que el presupuesto de Agustí i Fills era “igual” a la valoración del arquitecto municipal: “Ajustado literalmente a la memoria”, aseguró.

Obras en el domicilio particular del alcalde

Cuando el expediente aún no se había resuelto, el alcalde habría decidido adjudicar la obra a la empresa que le ofreciera un “mejor precio” para unas reformas en su domicilio particular: la impermeabilización y rehabilitación de humedades en la terraza y escaleras exteriores de su casa. Primero pidió presupuesto a otra empresa —cuyo responsable declarará como testigo—, pero finalmente optó por Agustí i Fills S.L.

Según el subinspector de los Mossos, cuando inspeccionaron la vivienda durante la investigación, el perito tasó las obras “en el doble o el triple” de lo que Domínguez había pagado.

Por otro lado, un testigo, trabajador de Construccions Salvat-Jové —acusación particular en el caso— explicó que mientras realizaban otras obras en el municipio, el alcalde se acercó a conversar con su padre, quien le comentó que “tenía que ir a casa del alcalde a hacer unas obras” y que estas estaban “relacionadas” con otro trabajo.

La Fiscalía también sostiene que las certificaciones de final de obra emitidas por los arquitectos municipales “no se corresponden con la realidad ejecutada”, presentando acabados inferiores a los ofertados y trabajos no realizados.

Nueve años de prisión para el alcalde

Por todo ello, el fiscal acusa al alcalde de prevaricación, fraude y cohecho continuado y solicita para él una pena de siete años de inhabilitación para empleo o cargo público y nueve años de prisión. Por el delito de cohecho continuado, también pide una multa de dieciocho meses con cuota diaria de seis euros.

Para el arquitecto municipal y el secretario interventor, la Fiscalía pide siete años de inhabilitación, cuatro años y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta. Esta misma pena reclama para los responsables de Agustí i Fills S.L., además de una multa económica. Para el arquitecto superior, acusado de emitir las certificaciones, solicita cinco años y cuatro meses de prisión y una multa de 22 meses con una cuota diaria de cinco euros.

En el caso de los dos representantes de las constructoras que participaron presentando presupuestos inflados, el fiscal pide una inhabilitación para empleo o cargo público de cuatro años y una pena de dos años y tres meses de prisión, además de cuatro años de inhabilitación absoluta.