Demanda de 87 bomberos voluntarios de Tarragona y Terres de l’Ebre contra la Generalitat

Bombers Precaris en Lluita ha presentado esta mañana de miércoles -en representación de un total de 87 bomberos voluntarios de la demarcación de Tarragona y las Terres de l’Ebre- demandas contra la Generalitat de Catalunya (Departament d’Interior i Seguretat Pública). Consideran que «a pesar de su denominación formal» de voluntariado, la relación mantenida «ha trascendido los límites del voluntariado para convertirse en una relación laboral encubierta, constitutiva de fraude de ley». En este sentido, apuntan, debajo de la «teórica voluntariedad» se esconde una profesionalización encubierta de este colectivo». Y asegura que esta situación se ha agudizado en los últimos años cuando desde la dirección general se les ha obligado a realizar un mínimo de horas al año (650) y de estar controlados mediante una app «al estilo de Glovo».

Ante esta situación, y a la vista de que las reuniones con la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments no han llegado a buen puerto, esta mañana se han presentado las demandas en las tres sedes de los Juzgados de lo Social en la demarcación.

En el caso de Tarragona son 40 bomberos pertenecientes a los parques de Alcover, Sant Jaume dels Domenys, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Valls y Vila-rodona. En Reus han sido 18 demandas pertenecientes a bomberos de los parques de Flix y Tivissa. En la demarcación de Tarragona el colectivo son unos 340 miembros

Y finalmente en el Juzgado de lo Social de Tortosa han sido 29 demandas de personal de los parques de L’Ametlla de Mar, Batea, Benifallet, Horta de Sant Joan y Ulldecona.

Son 10 de los 12 parques de bomberos voluntarios existentes en la demarcación, además de bomberos voluntarios de tres parques mixtos (L’Ametlla de Mar, Ulldecona y Valls).

Los argumentos

Entre los argumentos que apuntan los demandantes está lo que denominan un «proceso de laboralización encubierta». En este sentido «se sostiene que la naturaleza altruista del voluntariado ha sido completamente desvirtuada, especialmente desde el año 2020.

Daniel Sitjà, presidente de Bombers Precaris en Lluita, aseguraba que "estamos hartos de estar en precario. Exigimos que se respeten nuestros derechos laborales (...) Somos bomberos en precario. Y nos declaramos en conflicto con la Generalitat". 

La imposición de un número mínimo de horas de disponibilidad anuales y el control de las mismas a través de una aplicación móvil obligatoria han transformado la prestación en una obligación laboral sujeta a control empresarial y a un régimen disciplinario encubierto, con revocación del nombramiento por incumplimiento».

El colectivo recuerda que los bomberos voluntarios «están plenamente integrados en la estructura jerárquica y organizativa de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Reciben órdenes directas, siguen los mismos protocolos operativos que los funcionarios y están sujetos a un poder disciplinario que incluye la expulsión del cuerpo».

Con material de la Generalitat

Es más, «prestan el servicio con medios íntegramente proporcionados por la Administración (parques, vehículos, equipos, uniformes). Los frutos de su trabajo benefician directamente a la Generalitat, que cumple con su obligación legal de prestar un servicio público esencial a un coste muy inferior. No asumen ningún riesgo económico».

Y reciben una retribución salarial: «Las ‘compensaciones’ que perciben no son un reembolso de gastos, sino un salario por hora de trabajo (10€/hora). La propia Agencia Tributaria califica estos ingresos como rendimientos del trabajo, sometiéndolos a retención de IRPF, lo que evidencia su naturaleza salarial».

Daniel Sitjà clamaba que "ya está bien de salir a apagar incendios sin cobertura ni seguridad social, ni prevención de riesgos laborales, ni medios materiales ni vehículos dignos. Somos indispensables para llegar hasta el último rincón del país". Porque, según indicaba, "realizamos el mismo trabajo que el resto de bomberos" pero, en cambio, "somos bomberos low cost. Queremos que la Generalitat reconozca que cuando nos ponemos un traje de bombero vamos a trabajar".

El mes pasado ya presentaron demandas 110 bomberos voluntarios de Lleida, el 11 de diciembre lo harán los de Girona y el 19, los de Barcelona. En total más de 400 miembros, un tercio del colectivo.

Jordi Morera, bombero voluntario del parque de Batea -son 19 componentes- recordaba que en la dana y en el fuego forestal de Paüls "el 50% de los bomberos que trabajaban eran voluntarios".

Las peticiones al Juzgado

– Se declare la existencia de una relación laboral común entre los demandantes y la Generalitat, con la condición de personal laboral indefinido fijo.

– Se reconozca una antigüedad desde el 12 de febrero de 2020 (fecha de imposición de la jornada mínima obligatoria) o desde la fecha de nombramiento si es posterior.

– Se condene a la Generalitat a cursar el alta de los bomberos voluntarios en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos del inicio de la relación laboral común.

– Se condene a la Generalitat a abonar las diferencias salariales adeudadas durante el último año, calculadas por equiparación con la retribución de un bombero funcionario del Grup C2 – nivell 14, más el 10% por hora de interés por mora.