La presión sobre los servicios sociales en Tarragona no cede: más de 2.000 familias nuevas cada año

Quim Brugué, catedrático de la Universitat de Girona y politólogo, lo dejaba claro: los datos demuestran que las mejoras macroeconómicas no alivian automáticamente la situación de las personas más vulnerables. El caso de la ciudad de Tarragona no es una excepción. Desde la pandemia de la Covid-19, la cifra de personas atendidas por el Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) no ha disminuido. Desde 2020, cada año más de dos mil familias acuden por primera vez a estos servicios.

Estos datos eran algunos de los que pudieron conocer los propios trabajadores del IMSST durante la segunda jornada Històries de Vida, que se desarrolló en el Palau de Congressos y cuya charla inaugural estuvo a cargo de Brugué.

Las mujeres son mayoría

Las responsables de la oficina de planificación y gestión del IMSST pusieron cifras al trabajo de cada día. Lo más destacable es que uno de cada diez tarraconenses es usuario de los servicios sociales. El año pasado fueron 13.511 personas, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, pero por encima de las 11.524 de 2018.

Las mujeres siguen siendo mayoría entre quienes llaman a la puerta (el 60%). Una demostración de que muchas de las situaciones que llegan a los servicios sociales –como las relacionadas con la crianza, la precariedad o la violencia– impactan de manera especial y significativa en ellas.

Otro aspecto que quedó en evidencia es que las personas que necesitan del servicio afrontan situaciones cada vez más complejas. Un ejemplo claro son las víctimas de violencia y sus hijos: en sus casos, cada expediente requiere 16 atenciones (acciones en el propio IMSST o coordinadas con otros servicios).

El volumen más importante de usuarios, no obstante, corresponde a las personas mayores o con discapacidad (el 39% del total). Uno de los motivos es que todas las personas que necesitan gestionar la ley de dependencia deben pasar por el servicio. A él acuden por igual personas de todas las zonas de la ciudad y de diferentes condiciones económicas. En este apartado, el 85% de los usuarios tienen nacionalidad española.

Antes de 2020, las ayudas principales eran para alimentación y suministros básicos (luz, gas). Sin embargo, tras la entrada en vigor del informe de riesgo de exclusión residencial, que evita los cortes de suministros, estos últimos han pasado a un segundo plano. Actualmente, las ayudas para alojamiento y vivienda ocupan un lugar muy destacado, tanto en número de ayudas como en gasto. Esto es revelador, pues el mantenimiento de la vivienda constituye uno de los principales problemas por los que las personas acuden a los servicios sociales, aunque se trata de un problema que supera sus competencias.

El presupuesto también se ha incrementado de manera notable: de 10 millones en 2018 a más de 14 para 2026.

La jornada sirvió además para conocer los resultados de una encuesta de satisfacción sobre los servicios. La prueba piloto se realizó en los servicios básicos de la Zona Centre. La valoración, en general, es muy positiva y los aspectos de mejora están relacionados con la atención telefónica o la rotación de personal.

La concejala de Serveis Socials, Cecilia Mangini, aprovechó para agradecer al equipo su «trabajo intenso» para «acompañar vidas y crear oportunidades». El alcalde, Rubén Viñuales, se sumó al agradecimiento y reconoció que «sabemos que os enfrentáis a situaciones muy duras».