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Tarragona: los vecinos del Rancho Grande están a 800.000 euros de recuperar sus casas

La comunidad ganó una subvención de fondos europeos y ahora trabaja contra reloj para conseguir el resto de la financiación. La reforma debería estar lista en junio de 2026

El edificio más famoso de El Serrallo está precintado. Los vecino fueron desalojados en noviembre de 2023.

El edificio más famoso de El Serrallo está precintado. Los vecino fueron desalojados en noviembre de 2023.Marc Bosch

Carla Pomerol

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Cuando los vecinos del Rancho Grande hablan de poder volver a sus casas se emocionan. No pueden evitar las lágrimas. Llevan más de diez años luchando para poder recuperar sus viviendas. Un periplo que todavía no ha acabado, pero que cada vez ven más cerca.

La comunidad ha conseguido una subvención europea de los Fondos Next Generation, de poco más de 800.000 euros, para rehabilitar íntegramente el edificio. Una oportunidad de oro.El problema es que los vecinos del Rancho Grande necesitan urgentemente conseguir el resto de la financiación del proyecto –la misma cantidad que la ayuda– para poder empezar con las obras. Y lo necesitan ya, porqué una de las condiciones para poder aprovechar la subvención es que los trabajos estén ejecutados y terminados en un plazo de seis meses. «Si el 30 de junio de 2026 no tenemos la reforma hecha, perderemos la ayuda», alerta Orlando Rubio, arquitecto técnico de la comunidad de la calle Sant Andreu, 2-4.

Pese a estar en plenas Navidades, los vecinos trabajan a contra reloj para poder conseguir en las próximas horas la financiación necesaria. Saben que no pueden desaprovechar esta oportunidad que les va a permitir recuperar sus hogares. Los vecinos llevan dos años fuera de sus casas, tras ser desalojados por problemas estructurales del edificio.

Diez años de lucha

La pesadilla del Rancho Grande se remonta al año 2014. Tras la crisis del ladrillo, en 2008, algunos de los propietarios del edificio dejaron de pagar sus hipotecas y los pisos pasaron a manos de los bancos. Las viviendas vacías empezaron a ser ocupadas por perfiles conflictivos, que generaban mal ambiente en la comunidad.

Aquí empezaron las discusiones, peleas, amenazas, agresiones e incluso incendios. Los vecinos propietarios pusieron las primeras denuncias en 2014. La pesadilla duró hasta agosto de 2021, cuando tras una larga lucha y gracias a la colaboración del Ayuntamiento, la comunidad consiguió echar a los ocupas del edificio.

Fue entonces cuando la comunidad decidió poner en marcha la rehabilitación del inmueble. La primera fase contemplaba dejar a punto el tejado. Eliminar las humedades, retirar el amianto y dejar la cubierta plana. Pero el destino tenía preparado otros planes.

Debido al poco mantenimiento de los últimos años y al incivismo de los ocupas, el inmueble se fue degradando poco a poco. Tanto que en noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Tarragona decretaba el desalojo inmediato de los propietarios por los importantes daños estructurales que presentaba el edificio.

Los vecinos, sobre todo los propietarios, tuvieron que buscarse la vida. Apenas recibieron apoyo de las administraciones.

Pero la esperanza es lo último que se pierde y en ese momento se abría la puerta de las subvenciones Next Generation. Lo único que se tuvo que hacer fue adaptar el proyecto de rehabilitación a mejoras energéticas. Empezaba una tramitación compleja, pero llena de ilusión.

Diez años de lucha

Hace unas semanas, la comunidad era informada de que había conseguido la subvención para rehabilitar íntegramente el edificio. El proyecto contempla eliminar los balcones que dan al callejón y que actualmente están en muy mal estado. También reformar los pasillos interiores, mejorar la estructura metálica y recuperar las instalaciones eléctricas y de fontanería. Además, se aislará térmicamente la parte exterior y se cambiarán las ventanas. La fase final será la instalación de las placas fotovoltaicas y de un ascensor.

Actualmente, la comunidad está llamando a todas las puertas posibles para conseguir la financiación que les falta. Saben que necesitan el dinero ya porque los plazos son muy apretados. Necesitan tener las obras acabadas en junio de 2026 y, según el arquitecto técnico, los trabajos pueden durar unos seis meses.

Una vez conseguida la financiación, será el momento de pedir la licencia de obras. «Los técnicos municipales ya están al caso de la prisa que nos corre y se han comprometido a acelerar el trámite», dice Ingrid Martínez, la presidenta de la comunidad.

También están preparados dos constructores para que, cuando esté todo listo, puedan entrar a trabajar sin demora. «No tenemos que correr, tenemos que volar», explica el arquitecto técnico, Orlando Rubio, quien asegura que la cosa está difícil, pero no imposible. «Hemos preguntado mucho sobre una posible prórroga, pero nos dicen que no es posible», añade Rubio.

La comunidad de vecinos hace un llamamiento a la desesperada y ha abierto un correo electrónico por si hay alguna entidad bancaria dispuesta a hacer frente a la financiación. El correo es cpsantandreu2@gmail.com.

Si la comunidad consigue desencallar este último trámite y todo va sobre lo previsto, los vecinos podrán recuperar sus casas antes del próximo verano. «Pensar que podemos volver a nuestro hogar nos llena de ilusión», acaba Martínez.

Las palomas, otro problema para la comunidad

Desde que los vecinos fueron obligados a marcharse del edificio, las palomas fueron poco a poco adueñándose del inmueble. El edificio tiene un agujero en medio, circunstancia que facilita la entrada de las aves.

Las palomas utilizan el Rancho Grande como dormitorio. Al mediodía van a alimentarse a las instalaciones portuarias y, a media tarde, regresan al edificio para resguardarse del frío en invierno y del calor en verano.

La situación es insostenible, y los vecinos de los edificios colindantes denuncian el ruido, el mal olor y la insalubridad. Además, aseguran que es un foco de infecciones al estar lleno de excrementos.

La comunidad es consciente de que es responsable del estado del inmueble, pero a la vez está prohibido el acceso al edificio tras el decreto del Ayuntamiento.

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