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La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves de forma unánime suspender cautelarmente durante seis meses al juez de Primera Instancia número 5 de Tarragona, Manuel Arce
Esta resolución se realiza, mientras el CGPJ estudia si le sanciona por la enorme acumulación de asuntos en su juzgado. La última inspección encontró a finales del pasado mes de septiembre 56 sentencias y 14 autos pendientes de dictar.
A lo largo de todo el trimestre inspeccionado el juez únicamente había dictado siete sentencias.
Arce es un viejo conocido de los servicios de Inspección del órgano de gobierno de los jueces, pues en 2012 perdió su plaza en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tras descubrirse que acumulaba medio millar de resoluciones pendientes de dictar.
Contaba ya entonces con un importante historial disciplinario, que incluía la imposición de una sanción económica por una falta de desconsideración hacia los funcionarios a su cargo y por sus continuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde.
En dicha ocasión el CGPJ tuvo en cuenta a la hora de imponer la sanción el hecho de que 23 funcionarios del Juzgado cesaran de su trabajo entre el 20 de junio de 1999 y el 20 de enero de 2004. Otros tres se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés.
Miedo de los funcionarios y mal ambiente
El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba "mal ambiente" y "miedo" entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal", daba "violentos puñetazos en la mesa", profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo", amenazaba continuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle "Señoría Ilustrísima".
No obstante, en las ocasiones anteriores el magistrado recurrió sus sanciones al Tribunal Supremo y éste le dio la razón por "caducidad", al superar la tramitación del expediente disciplinario los seis meses que fija la ley para su resolución. Tras su último reingreso en la Carrera recaló en un juzgado de familia de Tarragona, si bien su actuación allí no parece haber variado y ha generado nuevas quejas por parte de Colegio de Abogados de Tarragona.
Se da la circunstancia de que este mismo juez también logró que en diciembre del pasado año el Tribunal Constitucional declarara nulo el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pudiera hacer un examen sobre la "aptitud" de aquellos jueces que solicitan el reingreso en el servicio activo de sus funciones tras ser sancionados.
Según el expediente disciplinario que ha dado lugar a la nueva sanción, al que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia de los letrados de Tarragona dio lugar a una inspección que concluyó que, a fecha del pasado 30 de septiembre Arce acumulaba 56 sentencias pendientes de dictar y 14 autos también pendientes, 6 de ellos medidas cautelares que debían acordarse por diligencias realizadas en el mes de julio.
Se estimó que la pendencia en el órgano a cuyo frente se encuentra Arce había sufrido un incremento del 17 por ciento, siendo en muchos casos las causas pendientes de resolver concernientes a divorcios y modificación de medidas cautelares como consecuencia de separaciones.
