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Un grupo de ciudadanos cristianos de Tarragona, donde se incluyen también algunos eclesiásticos, ha difundido un manifiesto sobre la situación política en Catalunya. El texto arremete con claridad y contundencia contra el ruido y la escalada de tensión de las últimas semanas. «En ningún caso son lícitos ni el odio, ni la incitación al odio, ni las mentiras, ni la falsedad, ni la tergiversación, ni las medias verdades ni las declaraciones sesgadas», sostiene.
La proclama lanza también un dardo contra las acusaciones de adoctrinamiento vertidas sobre la escuela catalana y las califica de calumnias: «La escuela es un modelo de integración y respeto».
«Ha sido una iniciativa espontánea por parte de un grupo de cristianos practicantes que hemos querido hablar, no desde un punto de vista político sino de defensa de los derechos humanos», admite el sacerdote tarraconense Francesc Xammar, uno de los firmantes del documento, que sigue circulando en busca de más adhesiones. Mossèn Miquel Barbarà o la profesora de religión Montserrat Coll también han firmado, junto a nombres como Àngel Conesa, Aurora Aubach, Josep Bofarull, Santiago Camós, Francesc Gil o Maria Margarolas.
El grupo de firmantes admite la preocupación por la «violencia policial del 1 de octubre, la desobediencia al TC de la mayoría de diputados del Parlament, la declaración de independencia sin efectos jurídicos y la intervención de las instituciones».
El derecho a desobedecer
El texto no pretende posicionarse en ninguno de los dos bandos en el eje soberanista, pero censura el 155 y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, en las que daba su apoyo a esa intervención: «La Iglesia no puede defender el independentismo pero tampoco la aplicación del artículo 155 como ha hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ambas opciones son políticas. Pero antes están los derechos fundamentales individuales y colectivos que toda política debe respetar».
Hay fragmentos que amparan en parte la desobediencia. «La ley debería ser un instrumento –continúa el manifiesto– al servicio de la legitimidad y de la justicia, es decir, de aquello que hay que hacer según los derechos fundamentales. Si la ley es injusta, hay que cambiarla y si no se puede, hay éticamente y en conciencia el derecho a desobedecerla, en tanto que injusta. Si no fuera así, estaríamos en un régimen autoritario y no en un Estado democrático».
El papel del Gobierno no escapa al azote del colectivo: «El Estado ha aplicado unas leyes que van contra el derecho a decidir el futuro de nuestra nación, un derecho reclamado pacíficamente por el 80% de la población con un movimiento transversal, dialogante y deseoso de pactar, nacido en mitad del pueblo». Se incluye un apunte histórico: «El poder del Estado ha actuado muchas veces contra nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras instituciones; y estos últimos meses el Estado intenta ahogar aquel movimiento».
Por último, recoge el guante de de los juristas que mantienen que el 155 y los procesos de cárcel son «ilegales». Argumenta el texto que el artículo «no permite cesar gobiernos autonómicos ni disolver el Parlament» y señala la «precipitación del fiscal y de la juez», por «vulnerar las garantías de defensa y los derechos fundamentales» de los investigados. «La prisión preventiva incondicional no tiene fundamento justificado cuando son posibles otras medidas cautelares», zanja el manifiesto.
