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Pasan los años, los gobiernos municipales y los alcaldes pero siguen habiendo tres constantes inalterables en el parking Jaume I: el agujero continúa sin uso; aún no se sabe de lo cierto a qué se destinará el espacio; y el caso continúa inmerso en los juzgados. «El aparcamiento de Jaume I es un disparate en el que se ha invertido mucho dinero y dónde nada ha funcionado nunca. El objetivo del equipo de gobierno actual es recuperar, en la medida de lo posible, parte de un dinero que la ciudad nunca habría tenido que gastar para tener solo un agujero», afirma el primer teniente de alcalde, Jordi Fortuny (ERC).
A lo largo de los últimos meses se han producido varias novedades significativas en la batalla judicial que intenta resolver el enigma del mayor fracaso de la historia reciente de la ciudad. A día de hoy, dos son las vías que están abiertas: en Tarragona, la penal –que agoniza– y, en Madrid, la civil, que en estos momentos es la gran esperanza para poder recuperar parte del dinero gastado.
Sobre esto último, Aparcaments Municipals (ahora fusionada con la EMT) presentó el pasado mes de noviembre una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra las financieras de la maquinaria del sistema que, teóricamente, debía permitir que el parking funcionara mediante un sistema robotizado inteligente. La compañía municipal dio el paso tras tener un informe que acreditaba que en el agujero solo hay 831.000 euros en material, cuando en realidad se han abonado más de cinco millones de euros. Esto lleva a sospechar que se habría pagado varias veces por un mismo material, por lo que desde 2018 se dejó de amortizar el renting a la empresa Metropolitan, que ahora reclama 3,2 millones a la compañía tarraconense.
¿Sobrecoste sin responsables?
Por lo que se refiere a la querella penal, presentada en 2008 por la Plataforma Veu Ciutadana (que ya no existe), esta fue archivada provisionalmente a finales del pasado mes de febrero, tras considerar el juez que «no concurren indicios suficientes de que los hechos denunciados hayan sido cometidos con los requisitos de los tipos penales por los que se formula la denuncia», afirmó en referencia a la posible malversación de fondos públicos y a la presunta prevaricación.
Según las fuentes consultadas, tanto el Ayuntamiento como Aparcaments Municipals ya han presentado su recurso ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona, en el que solicitan al juez que avale la realización de una nueva prueba que estudie el flujo económico entre las dos empresas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) –Aparcaments Municipals y Sistemas Alem– para seguir el recorrido del dinero y analizar si se ha producido algún delito. La acusación municipal está a la espera de saber si el magistrado avala este último recurso o si, por el contrario, lo rechaza y dicta el sobreseimiento definitivo de la causa. Todo apunta, según se desprende del redactado de la última interlocutoria, que esta segunda es la opción que cuenta con más números, por lo que es más que probable que la causa se cierre sin apuntar a ningún responsable del elevado sobrecoste. ¿Una chapuza sin culpables? La mala praxis técnica y política no es delito.
