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La Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha abierto un expediente y ha requerido al Ayuntamiento de Tarragona para que aporte información sobre una presunta vulneración de la normativa sobre el tratamiento de datos personales por un caso sucedido el pasado verano en la Guàrdia Urbana.
Según la notificación que ha llegado al Consistorio, el organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya concreta que el pasado 17 de agosto de 2021 recibió una denuncia contra la administración de la Plaça de la Font, referente a un posible incumplimiento del reglamento europeo en vigor por parte de la Policía Local. En concreto, los hechos que se están estudiando se refieren a un ciudadano que, por teléfono, contactó con el cuerpo de seguridad municipal para comunicar unos hechos incívicos. «Se recogieron sus datos personales relativos a su nombre, apellidos y número de DNI, pero no se le facilitó la información que se prevé» en la normativa, que puede ser relativa a informar sobre el periodo de tiempo que se conservarán dichos datos o a la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión. Asimismo, en la denuncia del ciudadano también se afirma que, durante la conversación telefónica con el cuerpo local, se le dijo que la denuncia que realizaba telefónicamente «ya se había formulada previamente desde el mismo domicilio por una persona diferente».
TGN: «No se ha vulnerado nada»
Ahora, el órgano autonómico ha requerido al Ayuntamiento para que, en un plazo de diez días hábiles, responda a un cuestionario de cinco preguntas en el que se refiere a «confirmar si se facilita la información» que exige la normativa, tanto en el teléfono de emergencias como en el estándar; «indicar qué datos personales se recogen»; y «si se comprueba la identidad y el domicilio» de la persona denunciante.
En base a todo ello, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades decidirá «la conveniencia o no de iniciar un proceso sancionador» contra el Consistorio. Ayer, fuentes de la administración local aseguraron a este periódico que consideran que «no se ha vulnerado ningún derecho de protección de datos», y que «así se le comunicó al interesado».
