Tarragona vive atrapada en el tiempo

La situación de «quiebra» que ayer denunció el alcalde Viñuales no es nueva. De hecho, ya hace años que el Ayuntamiento de Tarragona tiene un grave problema de tesorería, ya que no puede comprar ni una sola silla con recursos propios, sino que tiene que recurrir al préstamo bancario para adquirir cualquier cosa.

Lejos de la situación que se vive en municipios como Vila-seca y la Canonja o en la Diputació de Tarragona –que son administraciones sin deuda bancaria–, en la Plaça de la Font el consistorio debe gastar cada año casi uno de cada diez euros en el pago de su deuda, que pese a que progresivamente se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años, aún supone una importante mochila para las arcas municipales.

Para hacerse una idea de lo que esto comporta, piensen que mientras ayer Viñuales denunciaba una «bancarrota» porque faltan 14 millones de euros, este año el Ayuntamiento destinará 18,7 para abonar su pasivo con los bancos. ¿Se imaginan lo que se podría hacer si este dinero que se va a las entidades financieras pudiera destinarse para ayudas a los más necesitados, subvenciones a entidades, clubes y asociaciones o para servicios sociales?

Jaume I y Mercat Central

En los últimos años, la deuda se ha rebajado, hasta el punto de que está previsto que al final de este mandato se sitúe dentro del límite legal, tras rebajarla en 24 millones entre 2019 y 2023. Tras la crisis de 2008, la situación se acentuó, aún más por el desastre del parking Jaume I –que supuso la concertación de un crédito de 18 millones que no sirve para nada– así como por la reforma del Mercat Central, que comportó un préstamo de 30. Para los Juegos del Mediterráneo también se firmó un crédito de 12.

Con todo ello, la administración municipal se quedó sin liquidez porque esta debe destinarse para el obligado pago de la amortización de los préstamos. ¿Qué es, pues, lo único que puede hacer el Ayuntamiento para obtener recursos? Pues lo más fácil y lo que requiere de menos imaginación: subir impuestos De hecho, es ya una tradición que los alcaldes que estrenan cargo en el siglo XXI toquen la presión fiscal en su primer presupuesto. Así lo hizo Ballesteros (PSC) en 2007 –con subidas del 10% del IBI y de la basura–, y lo repitió Ricomà (ERC) hace cuatro años: aumentó la plusvalía un 30%, la basura un 11% y el IBI en un 3,9%.

¿Lo hará Viñuales (PSC) ahora en 2023? Ayer aseguró que recibe un Ayuntamiento «en quiebra», una opinión que fue rebatida pòr el exedil de Hisenda Jordi Fortuny (ERC), quien se preguntó: «¿Si estamos en quiebra, por qué los bancos nos acaban de dar un préstamo de diez millones de euros?». Muchas preguntas, pues, están en el aire en un consistorio en el que hay una regla inalterable pese al paso de los años: las subidas de tasas e impuestos son constantes mande quien mande. Como Bill Murray en la película Atrapado en el tiempo, Tarragona vive en el día de la marmota.