Todo lo que tienes que saber sobre la nueva financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el gobierno español incluye cambios en los criterios de población ajustada y aumenta la cesión del IVA hasta el 56,5% y el IRPF hasta el 55% (respecto al 50% actual). El nuevo sistema también modifica los mecanismos de compensación entre territorios y en global aportará otros 20.975 millones de euros a las comunidades autónomas. 

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, aseguró que las diferencias de financiación por habitante ajustado se reducen casi un 50%. También incluye "ajustes adicionales", entre ellos que las comunidades puedan solicitar voluntariamente recibir una parte del IVA de las pymes y un "fondo climático" de 1.000 millones que beneficará especialmente en el litoral, como sería el caso de Catalunya.

El gobierno español ha realizado los cálculos teniendo en cuenta que el nuevo modelo entrará en vigor a partir de 2027 y cree que tendrá una vigencia de cinco años. La propuesta renueva el modelo actual, que ya cumple 17 años y tenía que durar 5 años.

Montero detalló el incremento de recursos que se prevén para las comunidades autónomas respecto al modelo vigente y para Catalunya supone otros 4.686 millones de euros. Se trata del segundo territorio con mayor aumento en términos absolutos, tan sólo superado por Andalucía (4.846 millones). Le siguen Valencia (3.669 millones) y Madrid (2.555 millones).

La ministra admitió que se trata de un sistema "complejo", que fue fruto de un "largo proceso de estudio, análisis y escucha". Así, negó que "lo que gana un territorio lo pierda otro".

El gobierno español trabaja para incluir un "límite" en el dumping fiscal. Montero ha indicado que este es un elemento que les "preocupa". "No tiene sentido que estemos haciendo desde el gobierno español esfuerzos extraordinarios por dotar de más recursos a los territorios y que después los territorios bajen los impuestos por la parte que les corresponde", ha afirmado Montero. Sin hacer mención explícita alguna, la ministra ha hecho referencia a la Comunidad de Madrid.

Cambios en los criterios de población ajustada

Para alcanzar las cifras planteadas, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado un nuevo criterio para determinar a la población ajustada de cada comunidad. La población ajustada facilita la cifra de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación -por ejemplo, una comunidad con una población más envejecida tiene mayor gasto en salud-.

En concreto, el sistema presentado propone que la población "protegida" se amplíe de 7 a 20 grupos de edad con el objetivo de "mejorar el cálculo y la fiabilidad". Este elemento es el que tiene un mayor peso en la tabla de ponderaciones, de hasta el 38%. En segundo lugar, existe la cifra de población según figura en el padrón, que tiene un peso del 30%.

También se tienen en cuenta cuestiones vinculadas a la educación: los habitantes hasta los 17 años (peso del 17%) y los de entre 18 y 24 años y reconoce el coste que supone para las comunidades autónomas acoger a estudiantes universitarios de otros puntos del Estado (3,5%).

En servicios sociales, los mayores de 65 años tienen una ponderación del 7% y los desempleados sin prestación del 1,5%.

Las ponderaciones están completadas por criterios vinculados a la superficie (1,6%), la dispersión (0,5%), la insularidad (0,5%) y costes fijos (0,4%). De este modo, Montero aseguró que se incluyen elementos para afrontar el "problema de la despoblación".

Aumento de la cesión del IVA e IRPF

Entre los elementos del nuevo modelo resalta un aumento de la cesión de impuestos, que el gobierno español calcula que en global supone elevar la financiación en unos 16.000 millones de euros. Aparte del IVA y el IRPF, se añaden a la cesta el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre los depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades del juego y el impuesto sobre depósitos de residuos.

La cesión de los impuestos especiales se mantiene en el 58% -tabaco, alcohol, cerveza e hidrocarburos- y el 100% de los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales, impuesto especial sobre determinados medios de transporte, tributos sobre el juego y tasas e impuesto sobre la electricidad.

Una vez establecidos estos mecanismos, el gobierno español prevé un "mecanismo de solidaridad interterritorial", que "nivela" al 75% la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado. Es decir, que las comunidades con capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media recibirán recursos, mientras que las que se sitúan por encima serán aportadoras limpias.

También se ha fijado un "mecanismo de nivelación vertical", que pretende "acortar más" las diferencias por habitante ajustado.