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El nuevo modelo de financiación se adapta a todas las CCAA y no beneficia a Catalunya, según Montero

La vicepresidenta defiende que el sistema es equilibrado y transparente, incrementa los recursos de todas las comunidades y rechaza que sea un modelo hecho a medida

María Jesús Montero.

María Jesús Montero.ACN

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La vicepresidenta primera del Gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes en Madrid la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica pactada con ERC, un sistema que aportará 20.975 millones de euros más a las comunidades autónomas respecto al actual y que, según ha asegurado, está diseñado para adaptarse a las singularidades de todos los territorios.

El nuevo modelo eleva la capacidad recaudatoria de las autonomías. La participación en el IVA pasa del 50% al 56,5%, mientras que en el IRPF aumenta del 50% al 55%. Con estos cambios, el volumen total de recursos alcanzará los 224.507 millones de euros anuales en 2027.

Del incremento global, 4.686 millones de euros, el 22,3% del total, corresponderían a Catalunya, lo que supondría un aumento del 15% de los recursos de la Generalitat, por encima de la media de las comunidades, situada en el 11,82%.

Un modelo basado en la población ajustada

Montero ha defendido que la reforma sustituye un sistema vigente desde hace 17 años y que garantiza más recursos para todas las comunidades, teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión territorial, el envejecimiento, el desempleo o el impacto del cambio climático.

El eje central del modelo es el criterio de la población ajustada, que pondera distintos indicadores: el padrón (30%), la población protegida equivalente (38%), la población de 0 a 17 años (17%), la de 18 a 24 años y alumnos desplazados (3,5%), los mayores de 65 años (7%), los parados sin prestación (1,5%), la superficie (1,6%), la dispersión (0,5%), la insularidad (0,5%) y los costes fijos (0,4%).

La vicepresidenta ha reprochado a las comunidades gobernadas por el PP que no participaran en la negociación de estos criterios y optaran por posiciones “de máximos”.

Niega privilegios para Catalunya

Montero ha rechazado que el nuevo sistema otorgue un trato privilegiado a Catalunya y ha denunciado que “algunos quieren alimentar el greuge territorial como coartada política”. Ha insistido en que no existe un modelo a medida de una comunidad, sino un sistema que respeta la singularidad territorial y es más transparente.

Más impuestos cedidos y nuevos mecanismos

Además del aumento en IVA e IRPF, se mantiene el 58% de participación autonómica en los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol. Como novedad, se incorporan a la cesta de impuestos cedidos tributos como sucesiones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, el impuesto sobre determinados medios de transporte, el juego, tasas y el impuesto sobre la electricidad.

El modelo incluye un mecanismo de solidaridad que nivela el 75% de la distancia respecto a la media de recursos por habitante ajustado, reduciendo las diferencias de financiación per cápita, que actualmente llegan a los 1.500 euros por habitante.

Las comunidades podrán decidir si reciben el IVA de las pymes según el domicilio fiscal de las empresas y no por el lugar de consumo, una medida que beneficiaría a Catalunya por su peso de pequeñas y medianas empresas.

El sistema incorpora el principio de ordinalidad, de modo que Catalunya será la tercera en aportar y la tercera en recibir, y garantiza que ningún territorio pierda recursos. Dos comunidades mantendrán su financiación per cápita actual gracias a una aportación adicional de 400 millones de euros por parte del Estado.

Asimismo, se crea un fondo de cambio climático dotado con 1.000 millones de euros, dos tercios de los cuales se destinarán a las comunidades del arco mediterráneo. El modelo también reforma el sistema de anticipos, permitiendo entregas de recursos en tiempo real.

Fuera del sistema, el Gobierno se compromete a reformar el fondo de compensación interterritorial para aportar 3.300 millones de euros adicionales a las comunidades que se sitúan por debajo de la media de financiación por habitante.

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