La concesionaria FCC presenta alegaciones a la multa de 270.000 € del Ajuntament de Tarragona

Tal como había anunciado hace semanas, finalmente la empresa FCC ha presentado alegaciones a la multa de 272.000 euros impuesta por el Ajuntament de Tarragona por haber dejado de prestar, presuntamente, entre el 1 y el 4 de noviembre –los cuatro días anteriores a que Urbaser se hiciera cargo de la nueva contrata– 154 servicios de los 214 que estaban previsto en el contrato, según avanzó este viernes el Més. Pero además, Fomento recuerda que el informe está firmado por Lídia Bartra, jefa de Gestió de Serveis Públic del Ajuntament de Tarragona. Considera que dicha funcionaria tendría que haberse abstenido ya que consideran que no era imparcial ya que tiene litigios pendientes con FCC «y ha mostrado a esta empresa una enemistad manifiesta en diversos expedientes administrativos de Tarragona donde ha participado».

El recurso de FCC, de 57 páginas, recuerda que Bartra trabajó para esta empresa entre el 1 de enero de 2013 y 18 de abril de 2018. Y fue ella quien también firmó los escritos en 2019 sobre dos supuestos incumplimientos contractuales «muy graves» y uno «grave», que llevaron al ayuntamiento a poner una multa de 145.747,15 euros. FCC presentó un recurso contencioso-administrativo y la magistrada le dio la razón, al considerar que la técnica se tendría que haber abstenido, por lo que declaraba la nulidad del acuerdo plenario. En base a esta sentencia, la empresa considera que ahora se sigue dando la misma circunstancia.

Una cuestión aparte son los trabajos no realizados que esgrime el Ajuntament de Tarragona. Por un lado, Miquel Àngel Quero, delegado territorial de FCC en Tarragona, señala al Diari que aquellos días fueron complicados «por tener que pasar revisiones de todos los vehículos, a pesar de tener la ITV vigente muchos. Y eso redujo el tiempo en que dichos vehículos estuvieron en servicio. Pero todo ello no lo planificamos nosotros sino el ayuntamiento». Y recordaba que el día 1 era festivo y el 2 domingo, «días donde la dinámica habitual de generación y recogida de residuos se ve alterada, y los servicios se planifican con operativas específicas y reducidas». Añade precisamente que esta coincidencia con un fin de semana «limitó la disponibilidad de personal y recursos, incrementando las complejidad en un momento crítico de transición. Y además, añade, estas fechas se solaparon con los requirimientos municipales previos «que exigían inmovilizar parte de la flota para inspecciones técnicas y pruebas con el perito designado, hecho que redujo aún más la capacidad operativa».

El ayuntamiento asegura que entre los días 1 y 4 se tenían que realizar 214 servicios, según contrato, Y la empresa dejó de realizar 154. Pero según FCC tenía que efectuar 175 servicios.

Quero señalaba que el día 4 y la madrugada del 5 no se recogió basura «siguiendo órdenes de los servicios técnicos». En este sentido apunta que a partir de las 24.00 horas del día 4 ellos ya no tenían que recoger la basura ya que entraba en vigor el nuevo contrato. Y puso una cifra. El 5 de noviembre de 2024 se recogieron 315 toneladas de residuos, «el mismo día del 2025, ninguna».

Por ello, pide la anulación de las sanciones o, subsidiariamente, el incumplimiento sería una sanción grave, penada con una multa entre 2.404 y 9.015 euros, por lo que tendría que ser la sanción mínima.