El eterno calvario del vecino de Reus al que ocuparon su casa: “Hemos guardado el cava en la nevera”

El caso de Joaquim Álvarez, a quien ocuparon la casa que tenía alquilada, amenaza con eternizarse. La alegría que le supuso que la justicia le diera la razón duró muy poco. A principios de diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 8 de Reus sentenció, tras un juicio, que el inquilino que había dejado de pagar el alquiler de su casa en propiedad en la Urbanización Aigüesverds debía abandonar el inmueble que había usurpado ilegalmente, advirtiendo que si no lo hacía se dictaría una orden de desalojo. Además, condenó al demandado a pagar 27.200 euros en concepto de rentas, intereses legales y costas del juicio, cifra que eleva el total a unos 40.000 euros. En la misma sentencia, la jueza reiteró que el inquilino no vivía en una situación de vulnerabilidad, tal como había establecido el Ayuntamiento de Reus a partir de la documentación entregada.

Pues bien, tal como marca la ley, el inquilino recurrió la sentencia pero lo hizo ante la jurisdicción incorrecta, ante el mismo juzgado que lo había condenado, el último día que podía hacerlo, el viernes 19 de diciembre. Al equivocarse, los juzgados respondieron a la parte demandada —que no depositó los avales necesarios— que el recurso debía dirigirse a la Audiencia Provincial de Tarragona, que debe decidir si lo acepta o no. Una vez que la Audiencia lo resuelva, el abogado de Álvarez reclamará la ejecución de la sentencia. En cualquier caso, el proceso se está alargando aún más. Para Álvarez, la pesadilla no termina nunca y ve una voluntad expresa del inquilino de dilatarlo al máximo. “Habíamos sacado el cava de la nevera, pero lo hemos vuelto a guardar”, explica el vecino afectado. Según la información que tiene Álvarez, los padres del demandado ya han abandonado el chalet y él va puntualmente. “Se lleva cosas y se va. No sabemos dónde está”, apunta Álvarez.

Situación agónica

Joaquim Álvarez quiere recuperar su casa lo antes posible. Lleva cuatro años sin poder entrar, mientras los inquilinos dejaron de pagar el alquiler y anunciaron el inmueble como alojamiento turístico en Booking. La Agencia Tributaria sancionó a Álvarez con 5.000 euros, sanción que un castigo de la Generalitat le anuló —aún no lo ha cobrado. Desde 2019 viven en una masía de amigos, pero denuncian una situación económica insostenible. Los inquilinos, también con tres hijos, cumplieron con los pagos solo durante el primer año. Posteriormente, comenzaron los impagos y, a partir de junio de 2021, no han abonado ninguna mensualidad. Álvarez recurrió a los Servicios Sociales, que le ofrecieron cubrir la deuda si renovaba el contrato, opción que él rechazó.

Según el propietario, los inquilinos mantenían un nivel de vida elevado —socio de club de golf, piscina y posibles ventas inmobiliarias— que contrasta con la situación de vulnerabilidad que oficialmente le fue reconocida.