La juez da la razón al vecino de Reus a quien le ocuparon la casa en Aigüesverds: "Es justo y ejemplar"

Joaquim Álvarez y su familia están de enhorabuena. La justicia le ha dado la razón en relación con la casa en propiedad en la urbanización Aigüesverds, cuyo inquilino llevaba años sin pagar el alquiler. La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus ha resuelto el contrato de arrendamiento y establece que Álvarez recupere el inmueble usurpado ilegalmente, con la advertencia de que si el inquiokupa no lo abandona, dictará una orden de desalojo. Además, condena al demandado a pagar 27.200 euros en concepto de rentas —al margen de otras mensualidades impagadas—, los intereses legales y las costas del juicio. La acusación calcula que la cifra rondará los 40.000 euros.

Según la sentencia, aunque el contrato de alquiler data de agosto de 2019, el inquiokupa —que mostraba un alto nivel de vida y llegó a alquilar la casa por Booking— dejó de pagar las mensualidades en junio de 2021, acumulando hasta la fecha de presentación de la demanda un total de 34 meses sin pagar las rentas, a razón de 800 euros cada una. En relación con la vulnerabilidad —uno de los argumentos que alegó el demandado para no abandonar la casa—, la jueza reitera que no tiene sentido acordar dicha vulnerabilidad, tal como ya expresó la magistrada en verano, y deja claro que “la situación no es de vulnerabilidad”.

Por todo ello, la sentencia declara resuelto el contrato suscrito entre las partes y acuerda “la restitución de la posesión del inmueble objeto del arrendamiento en el plazo legal” y advierte que, si no abandona la casa, “se procederá al lanzamiento”. La jueza concede a la parte demandada 20 días para presentar recurso de apelación desde el día en que la sentencia fue notificada.

En conversación con el Diari, Álvarez reconoce que “la sentencia ha ido muy bien”. “Es clara, justa y ejemplar”, explica. El afectado asegura que “ha quedado demostrado que no es vulnerable” y calcula que deberán indemnizarle con unos 40.000 euros. Él y su abogado tienen claro que, si no presentan recurso, reclamarán la ejecución de la sentencia para recuperar su propiedad. Sin embargo, les hubiera gustado que la jueza hubiera fijado una fecha límite para abandonar el inmueble: “No tengo la certeza de cuándo recuperaré mi casa”. Además, Álvarez reconoce que lleva días visitando su propiedad y ha observado cómo están sacando muebles del interior y cargándolos en coches. También teme que se la vuelvan a ocupar mientras unos se marchan del chalet y ellos la recuperan. Sea como sea, no puede dejar de pensar que su pesadilla se acerca al final.