Inquiokupación: el nuevo método para vivir sin pagar alquiler y cómo evitarlo

Los inquilinos morosos y los okupas han desarrollado nuevas estrategias para permanecer sin coste en viviendas ajenas. Una de las más comunes en los últimos años es la llamada inquiokupación, una práctica que combina el alquiler formal con la ocupación ilegal y que cada vez preocupa más a los propietarios.

La inquiokupación consiste en acceder a una vivienda mediante un contrato de arrendamiento -o, como en el caso de la urbanización Aigüesverds de Reus, a través de un alquier turístico- y, tras los primeros pagos, dejar de abonar la renta mientras se continúa residiendo en ella. 

Aunque el término incluye la palabra “okupa”, este fenómeno se encuadra legalmente en el impago del alquiler, no en la usurpación, ya que existe un contrato firmado entre ambas partes. Por ello, el propietario debe iniciar un procedimiento de desahucio por impago, lo que puede prolongar la recuperación del inmueble durante meses.

El perfil del inquiokupa suele ser el de una persona que firma el contrato de forma legítima, paga la fianza y el primer mes, pero pronto deja de cumplir con sus obligaciones. De esta manera, evita las sanciones penales asociadas a la ocupación y se aprovecha de los tiempos judiciales para permanecer en la vivienda sin coste. Desde el primer impago, el arrendador puede resolver el contrato, pero el inquilino solo puede ser desalojado por orden judicial.

Como evitar ser víctima de un inquiokupa

Para reducir el riesgo de sufrir una situación de inquiokupación, es recomendable consultar el fichero de inquilinos morosos antes de firmar un contrato, así como revisar cuidadosamente la solvencia y antecedentes del futuro arrendatario. También puede incluirse una cláusula que advierta de la posibilidad de ser incluido en un registro de morosos en caso de impago, lo que actúa como medida disuasoria. Si el interesado se niega a firmar dicha cláusula, conviene considerarlo una señal de alerta.

Detectar posibles inquiokupas antes de alquilar la vivienda puede evitar muchos problemas. Las señales más comunes incluyen la falta de referencias de otros arrendamientos, la negativa a entregar documentación, la ausencia de nómina o propiedades, o el intento de pagar en efectivo para evitar el control bancario.

El proceso de desahucio por impago suele alargarse entre ocho meses y un año, aunque el plazo varía según el juzgado y la carga de trabajo. En cambio, si la vivienda ocupada es la residencia habitual del propietario, se considera un allanamiento de morada, delito recogido en el Código Penal que permite el desalojo