Piden el desalojo ya del 'inquiokupa' de Aigüesverds de Reus: “Delincuencia inmobiliaria”

La familia de Joaquim Álvarez reclama a la jueza que desaloje de forma inmediata al inquilino que, según denuncia, no le paga ninguna mensualidad desde junio de 2021 por el alquiler de una casa en la urbanización Aigüesverds de Reus. Así lo dejó constar su abogado durante el juicio, que quedó visto para sentencia, celebrado este martes al mediodía en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus y al que asistió el Diari.

En la vista, el letrado defendió que el demandado no había acreditado ningún pago desde hacía cuatro años por un chalet de grandes dimensiones con piscina. «Han convertido la casa en la mejor suite privada aprovechando una grieta de un sistema demasiado permisivo», afirmó el abogado en su alegato final, en alusión al hecho de que el demandado había anunciado el inmueble en Booking como alojamiento turístico. Por ello, pidió a la jueza «ejemplaridad» y «contundencia» contra «alguien que está abusando del sistema legislativo español». «Es delincuencia inmobiliaria», concluyó. Por su parte, la parte demandada solicitó que no se les desahucie alegando una situación de vulnerabilidad.

El inquiocupa no es vulnerable

Durante la vista salieron a la luz nuevos detalles. Según explicó la jueza a las partes, a mediados de julio redactó un auto en la que dictaminaba, a partir de las pruebas aportadas, que el inquilino no era vulnerable, en contra del informe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus. Por tanto, recordó que la sesión debía servir para resolver el impago y no la cuestión de la vulnerabilidad, que ya consideraba resuelta con la providencia dictada.

Aun sin aceptar más pruebas, el abogado de la defensa insistió en una batería de argumentos para rechazar la petición de desahucio, con la intención de demostrar «las condiciones precarias» en las que supuestamente vivía su cliente. Aseguró que el inquilino había sido despedido de una inmobiliaria por el revuelo mediático de su caso, lo que, según él, también le impedía encontrar ahora una vivienda alternativa. Además, presentó otro documento de los Servicios Sociales de Reus que acreditaba ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales.

En su defensa, sostuvo que su cliente había pagado el alquiler en metálico durante la vigencia del contrato y que sus hijos vivían gracias a la comida que les proporcionaba Cáritas. Recordó también que en la casa vivían los dos progenitores del inquilino, en situación irregular, que solo percibían 180 euros de una pensión del padre —antiguo policía en Colombia—, mientras que el inquilino no trabajaba desde hacía un año porque cumplía condena en la prisión de Mas d’Enric, en régimen de tercer grado, por conducir un vehículo sin puntos en el carné.

La familia no sale de su asombro

Joaquim Álvarez y su esposa —sentados en primera fila de la sala de vistas y visiblemente molestos— no daban crédito a lo que oían y, a la salida de los juzgados, afirmaron que «todo es mentira». Su abogado dedicó muchos esfuerzos a demostrar que el demandado no era vulnerable. Aunque la jueza no le permitió incluir testigos en el caso, el letrado aseguró que el inquilino «tiene un altísimo nivel de ingresos y de vida», ya que posee tres empresas registradas y había mantenido varios negocios con inmobiliarias durante el verano, que, según dijo, le habrían reportado «ingresos de 4.000 o 5.000 euros». También apuntó que los hijos del inquilino estaban inscritos en el club de golf de Aigüesverds. De hecho, los testigos que querían aportar pretendían demostrar que el demandado había seguido alquilando pisos y chalets vacacionales durante el último año. Lo que sí aceptó la jueza fueron las conversaciones de WhatsApp en las que el inquilino habría reconocido que no pagaba las mensualidades a la propiedad.

Alquilada en Booking

Álvarez había denunciado antes del verano que hacía más de tres años que los inquilinos de su casa en Aigüesverds no le pagaban el alquiler y que, además, una parte de la vivienda había sido anunciada en Booking como alojamiento turístico. Pese a las pruebas aportadas, la Agencia Tributaria multó al propietario, Joaquim Álvarez, con 5.000 euros y le embargó parte de la nómina por esta actividad no autorizada. El matrimonio, con tres hijos, sigue pagando una hipoteca que ha subido hasta los 1.260 euros mensuales y asegura que la situación es «insostenible».

El inquilino, agente inmobiliario, dejó de pagar en 2021 y mantiene la vivienda pese a dos demandas de desahucio pendientes. Los servicios sociales del Ayuntamiento consideraron a la familia inquilina «vulnerable» según su renta declarada y ofrecieron pagar la deuda si se prorrogaba el contrato. El consistorio defiende que solo aplica los criterios legales de la Ley 1/2022 y que la comprobación de los datos económicos corresponde a la justicia. Álvarez, por su parte, denunció que los inquilinos mantenían un alto nivel de vida, convivían con turistas y seguían publicitando la vivienda en plataformas internacionales.