La Generalitat anula la sanción al vecino de Reus al que el okupa anunciaba su casa en Booking

Nuevo paso adelante para que Joaquim Álvarez y su familia puedan poner fin a una situación que arrastran desde hace años. El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus ya ha establecido que el propietario tiene derecho a recuperar la vivienda y a percibir la deuda acumulada, que supera los 40.000 euros. Ahora, la Generalitat también ha anulado la sanción que le habían impuesto después de que el inquilino anunciara la casa ilegalmente como alojamiento turístico en Booking.

Álvarez ha seguido pagando la hipoteca pese a no recibir ninguna mensualidad. La vivienda, situada en la urbanización de Aigüesverds de Reus, es el único inmueble que tiene en propiedad. Aun así, tuvo que enfrentarse a una sanción de más de 3.000 euros por parte de la Agencia Tributaria debido a los anuncios de alquiler irregular. Además, sufrió cuatro embargos consecutivos de su nómina, que ascendieron a 2.200 euros. Las notificaciones de esta sanción se enviaban a la vivienda okupada y, según denuncia el vecino, el inquilino no le informaba y incluso habría llegado a “falsear la firma con un DNI falso”.

La Direcció General de Turisme y Consum de la Generalitat, el organismo que había iniciado el expediente sancionador, ha concluido finalmente que Álvarez no había cometido ninguna infracción y ha estimado el recurso presentado. Ahora deberá tramitar la devolución de las cantidades embargadas. “Después de cuatro años y medio, esta resolución es una buena noticia. Pero todavía no tengo las llaves de casa y no he recuperado el dinero. Toca tener paciencia”, explica el reusense.

Mientras este capítulo se resuelve, el procedimiento judicial principal continúa avanzando. El 21 de diciembre finaliza el plazo de alegaciones del desahucio, en el que el juzgado ya ha reconocido el derecho del propietario a recuperar la vivienda y ha condenado al inquilino a pagar rentas, intereses y costas. Será a partir de ese momento cuando Álvarez podrá solicitar la ejecución de la sentencia.

La situación personal del inquilino, que reside con su familia en la casa, también ha cambiado en las últimas semanas. Actualmente está en prisión después de que los Mossos lo detuvieran en régimen abierto por conducir sin puntos en el carnet. Aun así, Joaquim, su esposa y sus dos hijos continúan sin poder acceder a su vivienda. El inquilino había sido considerado vulnerable en tres ocasiones por Servicios Sociales a raíz de peticiones judiciales, en un procedimiento en el que el Ayuntamiento no podía actuar de oficio ni investigar posibles fraudes.