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El nuevo texto del Plan Director Urbanístico (PDU) del Centre Reacreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca y Salou no estará aprobado hasta el año que viene. La modificación del planeamiento que debe permitir la construcción de Hard Rock, después de que la justicia anulara el anterior PDU en 2020, debía ser una realidad este 2022. Sin embargo, el informe desfavorable del departamento de Acció Climàtica, que alegaba incumplimientos en materia ambiental, ha derivado en un nuevo retraso en la tramitación urbanística que debe desbloquear la inversión de más de 1.000 millones de euros para levantar el macrocomplejo de turismo y ocio.
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, que debe dar luz verde de forma definitiva al documento aprobado inicialmente en marzo, no debatirá finalmente el asunto en la última reunión del año que se celebra este miércoles. Desde el Govern han insistido en las últimas semanas en que continúan trabajando para introducir las modificaciones necesarias para que el proyecto cumpla con todos los requisitos ambientales y legales y que la justicia no vuelva a tumbarlo.
Un proceso que, dicen, requiere su tiempo, a pesar de las urgencias que les han hecho llegar los diferentes actores políticos y empresariales del territorio. La última, la semana pasada en un acto público en la Cambra de Tarragona que reunió a medio centenar de instituciones públicas y asociaciones empresariales.
Por otra parte, más de 270 entidades agrupadas en colectivos ecologistas, vecinales y sociales de toda Catalunya han entregado al Govern de la Generalitat un manifiesto en el que exigen a todos los partidos unos presupuestos «coherentes» con la crisis climática que no incorporen macroproyectos como Hard Rock. En este sentido, piden al president, Pere Aragonès, que no acepte las reclamaciones de formaciones como el PSC o Junts de inversiones que, consideran, «arrasan el medio ambiente y el tejido social de los territorios».
Este lunes, representantes de la plataforma Aturem Hard Rock, junto a otras entidades ecologistas, se reunieron frente al Palau de la Generalitat para presentar el manifiesto y solicitar que se les convoque para negociar las cuentas de 2023. Eloi Redón, portavoz de la plataforma, calificó como «irresponsable» la postura negociadora de los partidos. «Demuestra que continúan instalados en la lógica del crecimiento a cualquier precio, incluso cuando el crecimiento y sus múltiples y devastadores impactos han llevado los ecosistemas del planeta al límite del colapso», remachó. También aseguró que el Govern «está apostando decididamente por destruir nuestro territorio y apostar por una economía totalmente destructiva».
