El Gobierno quiere mirar con lupa el registro horario laboral

Los empresarios ganaron el miércoles una batalla importante, pero se les abre de inmediato otra. La patronal no oculta su sastifacción por el naufragio en el Congreso de la medida estrella de la legislatura: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Pero su satisfacción no es plena puesto que en el horizonte cercano se vislumbra otra amenaza del mismo calado o mayor: un registro horario digital que refleje fielmente la jornada de los trabajadores para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Más de 300 millones cada semana, según datos oficiales. En realidad, y aunque solo lo admitían en los círculos más íntimos, a la CEOE y a Cepyme siempre les ha preocupado más el endurecimiento del registro horario -que se incluía en el anteproyecto de ley que tumbó ayer el Parlamento-, que el recorte de la jornada. "Puede hacernos mucho más daño", reconocían.

Y esta medida, lejos de desaparecer, cobra ahora más importancia que nunca. Será la revancha que ponga en marcha la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para contrarrestar su fracaso en el Congreso: obligar a todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, a tener un registro digital para que los datos del horario que cada día hacen sus empleados sean fiables y para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a él en cualquier momento de forma remota.

Es más, desde el departamento que dirige ya están trabajando para llevar al Consejo de Ministros esta medida y aprobarla por real decreto, puesto que en este caso puede hacerse a través de un reglamento y no necesita pasar por el Congreso, según admitieron fuentes del ministerio.

Y los sindicatos pelearán para que lo haga cuanto antes, a poder ser el próximo martes. Desde luego antes de que termine el mes de septiembre. Y exigirán que comience a aplicarse "al día siguiente de su publicación", sin dar ningún tipo de plazo. Además, el Gobierno cuenta con el respaldo de dos sentencias europeas que instan a llevarlo a cabo y extenderlo a las empleadas del hogar.

Si finalmente Díaz cumple su amenaza y logra que el Gobierno apruebe este endurecimiento del registro horario, prohibirá a todas las empresas y autónomos llevar a cabo de forma manual este control de horas, como muchos pequeños negocios aún hacen, y les obligará a que sus trabajadores realicen los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada. Además, en este registro se deberán contabilizar las horas extraordinarias, que se tendrán que totalizar en la nómina mensual, y la empresa deberá entregar una copia del resumen al trabajador.

Lo que sí que decaerá y no podrá llevar a cabo Díaz es elevar las sanciones económicas a las empresas que lo incumplan hasta los 10.000 euros y que cada multa se aplique por trabajador, y no una por empresa, puesto que esto sí supondría una modificación de la ley y tendría que pasar por el Congreso.