El reloj nuclear de España tiene su hora marcada en Tarragona

El futuro energético de España para la próxima década se juega estos días en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), pero sus consecuencias alcanzan directamente a la provincia de Tarragona, donde se concentran tres de los siete reactores operativos del país: Ascó I, Ascó II y Vandellòs II.

Las empresas propietarias de las plantas —Iberdrola, Endesa y Naturgy— apuran las negociaciones para solicitar al Estado una prórroga en el calendario de cierre antes del 1 de noviembre, en un movimiento que podría reordenar el futuro del parque nuclear español. El Gobierno, por su parte, mantiene su intención de no modificar el calendario pactado en 2019 con Enresa, que fija el cese de Almaraz I en 2027, Almaraz II en 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II y Trillo en 2035.

Ese calendario sitúa a Tarragona como el último gran bastión nuclear del país, con más de una década de margen antes del apagón definitivo, pero también como uno de los territorios donde el debate político y económico es más intenso.

Desde Madrid, la pugna se libra en dos frentes: por un lado, la negociación fiscal entre las eléctricas y el Ejecutivo; por otro, las presiones de Junts y ERC para revisar el futuro de las centrales catalanas y su impacto en el empleo y el territorio. 

Ambas formaciones reclaman al Gobierno que cualquier revisión del calendario tenga en cuenta la situación en las comarcas de la Ribera d’Ebre y el Baix Camp, donde la energía nuclear sostiene cientos de puestos de trabajo directos y un ecosistema económico ligado a las plantas.

Las conversaciones entre las compañías y el Ministerio para la Transición Ecológica se mantienen en un punto de máxima tensión. Si se aprueba una prórroga para Almaraz, el calendario de cierres podría desplazarse, afectando directamente a Ascó y Vandellòs, que hoy operan con licencias hasta 2030, 2032 y 2035, respectivamente.

Fuentes del sector reconocen que “cualquier decisión sobre Almaraz marcará el camino para el resto de reactores”, incluida la hoja de ruta en Tarragona. “Si se abre la puerta a ampliar su vida útil, Ascó y Vandellòs tendrían argumentos técnicos y económicos para hacer lo mismo”, apuntan estas fuentes.

En paralelo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantiene vigente la orden ministerial de 2020 que obliga a comunicar el cierre definitivo con dos años de antelación. Esa disposición legal dificulta cualquier prórroga inmediata y obligaría a una reforma normativa, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez evita por ahora para no contradecir su compromiso con Sumar y con los partidos catalanes favorables al cierre progresivo.

Mientras tanto, las plantas de Ascó y Vandellòs continúan operando con normalidad, aportando cerca del 40% de la producción eléctrica nuclear del país y más del 10% del total nacional. En la comarca de la Ribera d’Ebre, donde se concentran las dos unidades de Ascó, los ayuntamientos y entidades locales observan con cautela el pulso entre las eléctricas y el Gobierno central.

El horizonte para Tarragona, igual que para Almaraz, se definirá en tres fechas clave:

21 de octubre, reunión del consejo de administración de Almaraz-Trillo;

1 de noviembre, límite para presentar la documentación de cierre; marzo de 2026, cuando la planta extremeña afrontará su última recarga de combustible y la decisión de desmantelamiento será irreversible.

De esas decisiones dependerá si el futuro nuclear de España —y con él, el de Tarragona— sigue el calendario previsto o se abre una nueva etapa para las centrales atómicas del país.