Automoción
Bruselas da marcha atrás y permite la venta de vehículos de combustión más allá de 2035
Los fabricantes de automóviles tendrán que reducir las emisiones en al menos un 90% y no un 100% como se había planteado a mediados de 2021

Una persona repostando en una gasolinera de Tarragona.
La Comisión Europea plantea que se autorice la venta de vehículos de combustión más allá del 2035. La propuesta presentada este martes en Estrasburgo corrige el original que puso Bruselas sobre la mesa a mediados de 2021, que en un primer momento sugería poner fin a la venta de coches de combustión más allá del 2035 y lograr la neutralidad climática.
Con la nueva propuesta de la Comisión, los fabricantes de automóvil tendrán que reducir las emisiones en al menos un 90% hasta el 2035 -respecto a los niveles de 2021-, y no un 100%. En cuanto al 10% restante, las emisiones se tendrán que compensar a través del uso de biocombustibles, e-fueles y el uso de acero de bajas emisiones fabricado en la Unión Europea (UE).
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La medida, según el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, supone "un salvavidas" para la industria automovilística europea. "Las medidas constituyen nuestro compromiso para restaurar el liderazgo industrial de Europa al mismo tiempo que lideramos la transición climática a escala global", ha señalado en una rueda de prensa desde Estrasburgo. A ojos el ejecutivo comunitario, el paquete ofrece "más flexibilidad" a la industria para lograr sus objetivos de emisiones de dióxido de carbono mientras que, al mismo tiempo, continúa trasladando "una fuerte señal al mercado para vehículos de cero emisiones".
De este modo, la Comisión Europea indica que los vehículos de combustión, los híbridos enchufables, los híbridos suaves y los prolongadores de autonomía "continuarán jugando un papel más allá del 2025", además de los vehículos totalmente eléctricos y los vehículos de hidrógeno. La decisión contenta países como Alemania o Italia, donde la industria automovilística representa una parte importante de la economía y que, durante los últimos meses, han presionado Bruselas para eliminar la prohibición. Otros estados como Francia y España, en cambio, se habían posicionado en sentido contrario.
Además, el ejecutivo comunitario ha otorgado "flexibilidades adicionales" al segmento de las furgonetas, un sector donde la transición hacia el vehículo eléctrico es "estructuralmente más difícil". Así, la Comisión revisa a la baja el objetivo de emisiones para furgonetas de cara al 2030, pasando de un objetivo de reducción del 50% al 40%.
Más incentivos
Además de rebajas las exigencias al sector de la automoción, Bruselas ha propuesto que los productores de coches puedan beneficiarse de créditos para incentivar la producción en la Unión Europea de vehículos eléctricos "pequeños y asequibles".
A la vez, se fijan objetivos a nivel de los estados miembros para acelerar la descarbonización de las flotas de vehículos corporativas. Según datos de la Comisión Europea, las flotas de empresas representan un 60% de las nuevas matriculaciones en la UE. En paralelo, un 80% de los ciudadanos europeos compra sus vehículos al mercado de segunda mano. En este sentido, se considera que una mayor electrificación de la flota corporativa -que también cubre más kilómetros a lo largo del año- implicará una mayor reducción de las emisiones, sea por la rebaja dentro del mismo sector o por la venta de estos vehículos a particulares.
Por otra parte, la Comisión ha recordado que tiene intención de poner en marcha préstamos libres de intereses por 1.500 millones de euros a fabricantes europeos de baterías para reforzar la industria comunitaria. "Estas medidas mejorarán la competitividad de costes del sector y apoyarán a una producción sostenible y resiliente en la UE, que contribuirá a reducir la dependencia otras potencias globales", añade.
También dentro del paquete de medidas presentado este martes, el ejecutivo ha reivindicado la ley ómnibus sobre simplificación al sector del automóvil, que según sus cálculos comportará un ahorro agregado al conjunto de empresas europeas de 706 millones de euros anuales. Entre otras cosas, propone reducir la cifra de normas "secundarias" que se adoptarán los próximos años y simplificar las pruebas para las nuevas furgonetas y camiones de pasajeros.