El Congreso tumba la subida de las pensiones

El Congreso de los Diputados ha derogado este martes el real decreto ley conocido como ‘ómnibus’, que incluía la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables y otras medidas sociales y fiscales. La iniciativa ha sido rechazada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, pese a la petición del Gobierno para que fuera convalidada.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había apelado a los grupos parlamentarios para que respaldaran el decreto y evitar “hacer daño a millones de ciudadanos”, pero las cuatro formaciones han cumplido su anuncio previo y han votado en contra del texto. Como consecuencia, las medidas que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre decaerán cuando la votación se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La derogación supondrá, entre otros efectos, el fin de diversas ayudas fiscales, como las destinadas a la compra de vehículos eléctricos, y la eliminación de la prohibición de cortar suministros básicos a los colectivos vulnerables. También dejará sin efecto la prórroga de la suspensión de los desahucios para familias en situación de vulnerabilidad.

En el caso de las pensiones, cuya revalorización responde a un mandato del Pacto de Toledo, el Gobierno ya ha abonado la nómina de enero con una subida del 2,7 %. No obstante, tras el rechazo del decreto, el Ejecutivo deberá aprobar una nueva norma para que ese incremento se mantenga en los próximos meses.

Críticas al contenido del decreto

PP, Junts y Vox han justificado su voto en contra al considerar que el real decreto ley estaba “trufado” de medidas con las que no estaban de acuerdo. Aunque reconocen que el eje central del texto era la subida de las pensiones, han señalado especialmente su rechazo a la suspensión de los desahucios, que a su juicio supone una protección de la “okupación”.

Tanto el PP como Junts han expresado, no obstante, su disposición a apoyar la revalorización de las pensiones si se presenta en una norma específica que no incluya otras medidas ajenas a este ámbito.

Entre los socios del Gobierno, algunos grupos que sí han apoyado el decreto también han mostrado reparos. El PNV ha criticado que el coste de la protección a los colectivos vulnerables recaiga sobre los propietarios de viviendas, mientras que Bildu y ERC han reclamado que el escudo social tenga un carácter estructural y permanente.

Además de la subida de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el decreto incluía la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables, la prórroga del sistema de módulos para los autónomos, la ampliación de ayudas para la compra de vehículos eléctricos y medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios.