El Gobierno aprueba por separado la subida de las pensiones y el escudo social

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos ley diferenciados después de que el Congreso de los Diputados rechazara la pasada semana el denominado decreto ómnibus. Uno de los textos recoge la revalorización de las pensiones y diversas medidas de Seguridad Social, mientras que el segundo agrupa el llamado escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, ambos pendientes ahora de ser convalidados por la Cámara Baja.

El decreto de pensiones garantiza para 2026 una subida general del 2,7 %, que se eleva al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4 % para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. La ministra portavoz y titular de Seguridad Social, Elma Saiz, ha subrayado que esta revalorización blinda el poder adquisitivo de más de 9,4 millones de pensionistas y supone de media unos 50 euros más al mes, una cantidad que, según ha remarcado, “se había puesto en peligro”.

La norma incluye también la congelación de las cotizaciones de los autónomos en 2026, la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo presenten la declaración de la renta, la cotización adicional que permitirá a bomberos forestales y agentes medioambientales anticipar su jubilación, así como la prórroga para que médicos de atención primaria y pediatras puedan compatibilizar trabajo y pensión. El decreto deberá ser ratificado por el Congreso para mantener su vigencia durante todo el año.

El escudo social

El segundo decreto ley agrupa el conjunto del escudo social y contempla, entre otras medidas, la prórroga de la moratoria de los desahucios para familias vulnerables, ayudas para los afectados por la dana y los incendios y ajustes para proteger a pequeños propietarios con una o dos viviendas en alquiler. Este texto también tendrá que superar el trámite parlamentario en un contexto de negociaciones complejas y sin una mayoría clara.

Desde Sumar han defendido que el escudo social se vote en su integridad en el Congreso y sostienen que no existen “derechos de primera o de segunda”, insistiendo en que pensiones, vivienda y ayudas sociales deben salir adelante de forma conjunta. Mientras tanto, el Gobierno afronta una nueva votación parlamentaria decisiva para validar unas medidas que considera esenciales.