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La justicia confirma el juicio contra el novio de Ayuso por fraude fiscal

La jueza desestima el recurso presentado por la defensa de González Amador, acusado de defraudar 350.951 euros a Hacienda

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.






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Publicado por
EFEPau Comelles

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La Justicia ha ratificado seguir adelante con el juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. La jueza del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid ha desestimado el recurso presentado por su defensa y mantiene que existen "claros indicios" de que utilizó facturas falsas para deducirse gastos ficticios y así reducir de forma irregular sus obligaciones con Hacienda entre 2020 y 2021.

La Fiscalía le solicita 3 años y 9 meses de prisión por delitos de fraude fiscal y falsedad documental, apoyándose en informes de la Agencia Tributaria y una amplia documentación analizada por peritos independientes.

La jueza tumba el recurso de la defensa de González Amador

La jueza considera que la investigación ha sido rigurosa y sin vulneraciones de derechos, por lo que rechaza tanto el recurso de González Amador como las nuevas diligencias solicitadas por su defensa. Además, recuerda que el empresario se acogió a su derecho a no declarar en su momento, sin solicitar hacerlo posteriormente.

Tampoco acepta que el procedimiento se vea afectado por la causa que investiga al fiscal general del Estado por una presunta filtración. Para la magistrada, ese asunto “es completamente ajeno” al caso de González Amador.

Hay más indicios de fraude

A parte de los presuntamente 350.951 euros que González Amador defraudó a Hacienda, el empresario está siendo investigado también por presunta corrupción en sus negocios. Las acusaciones populares —Más Madrid y PSOE— sostienen que el empresario pagó una comisión encubierta de 499.836 euros a la esposa de un directivo de Quirón Prevención, una empresa que gestionó contratos públicos durante la pandemia. Ambos partidos han pedido que ese directivo también sea imputado.

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