El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, visto para sentencia tras seis intensas sesiones

La sexta y última sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha estado marcada por los informes finales de las partes. Las acusaciones han insistido en vincular la supuesta filtración del caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a un plan político, mientras la defensa ha denunciado un “juicio paralelo” y ha reiterado que Álvaro García Ortiz es “inocente”.

Durante su intervención, la defensa ha recalcado ante el tribunal que “no hay absolutamente ni una prueba” contra el fiscal general y que los hechos que se le imputan “no serían delito”, ya que el correo en el que el abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— admitía un fraude fiscal “ya se conocía antes de la actuación de la Fiscalía”.

El abogado del Estado ha advertido de que este proceso, el primero que sienta en el banquillo a un fiscal general, se ha desarrollado “en un contexto mediático excepcional”, que podría haber generado “un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas”, afectando al derecho de defensa de García Ortiz.

La defensa ha recordado el principio de presunción de inocencia y ha reprochado a las acusaciones el uso de “indicios manoseados”, como el borrado periódico del teléfono del fiscal o el cierre de su cuenta de correo por los “mensajes hostiles” que recibía.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha señalado directamente a González Amador como responsable de haber revelado la información sobre las negociaciones de su causa, al haber enviado un correo al gabinete de la Comunidad de Madrid y reunirse con el periodista que publicó la noticia. “Lo que no puede hacerse es desvelar esos términos y, acto seguido, exigir que sigan siendo secretos”, ha subrayado el letrado.

La Fiscalía ha insistido en que no hubo delito de revelación de secretos porque la información ya había sido difundida por varios medios, lo que haría “impune” cualquier comunicación posterior.

En cambio, el abogado de González Amador ha mantenido que el comunicado de la Fiscalía formaba parte de “un relato político” orquestado para desacreditar a su cliente, señalando incluso al presidente del Gobierno como responsable de haberlo llamado “delincuente confeso”.

Las acusaciones también han recuperado la tesis inicial del juez instructor, que apuntó a posibles indicaciones desde la Presidencia del Gobierno, aunque esta línea fue descartada por falta de pruebas. Hoy, sin embargo, han defendido que “el juez tenía razón” y que “la política ha hecho uso de información privilegiada”.

El abogado del Estado ha rechazado de plano esa hipótesis y ha afirmado que “no se ha practicado prueba alguna que permita afirmar que el fiscal general recibiera instrucciones de la Moncloa”.

La defensa ha denunciado que se ha “criminalizado” una actuación institucional de la Fiscalía al emitir un comunicado de aclaración frente a informaciones procedentes de la Comunidad de Madrid. Ha recordado, además, que ese mismo día se difundió otro comunicado relativo a “la esposa de un líder político muy importante”, en referencia —sin mencionarla— a la mujer del presidente del Gobierno.

Tras seis intensas sesiones, más de 40 testigos y jornadas maratonianas de mañana y tarde, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, dio por concluido el juicio y lo dejó visto para sentencia. Se espera que la resolución se conozca en las próximas semanas, aunque aún no hay fecha confirmada.