Vivienda
El Gobierno prorroga hasta 2026 la moratoria de desahucios y los cortes de suministros a vulnerables
El real decreto de escudo social amplía los descuentos del bono social energético, mantiene la suspensión de lanzamientos y extiende ayudas fiscales y sociales
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley de escudo social que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como la prohibición de cortarles los suministros básicos de luz, agua y gas. La medida incluye además la ampliación de los descuentos del bono social energético durante todo 2026.
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el Ejecutivo confía en contar con la mayoría necesaria para la convalidación del decreto en el Congreso, previsiblemente a finales de enero, como ya ocurrió en prórrogas anteriores.
La moratoria de desahucios fue aprobada por primera vez en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, y desde entonces se ha ido extendiendo por el impacto de la crisis energética y la actual emergencia habitacional. Según el Gobierno, la medida beneficia a unas 60.000 familias y mantiene las compensaciones a los propietarios afectados.
Un 57,5 % para los vulnerables severos
En el ámbito energético, el decreto garantiza hasta finales de 2026 el suministro a los consumidores vulnerables y conserva los descuentos actuales del bono social eléctrico: un 42,5 % para los vulnerables y un 57,5 % para los vulnerables severos. También se prorrogan los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y las obras de eficiencia energética y rehabilitación de viviendas.
El texto incluye además la revalorización de las pensiones mínimas, el aumento de las no contributivas y del ingreso mínimo vital, la congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos en 2026 y nuevas exenciones fiscales para afectados por la dana y los incendios forestales del pasado verano.
Entidades sociales han reclamado la convalidación del decreto y han pedido al Ejecutivo que aproveche esta prórroga para diseñar un plan de choque que garantice una solución habitacional estable para las familias vulnerables con desahucios pendientes.
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